Durante semanas buena parte de la discusión política estuvo centrada en si el gobierno tenía o no agenda, si ésta se había agotado o estaba en dificultades. Desde el Poder Ejecutivo se reafirmaba que la agenda de gobierno estaba vigente y retrucaban marcando que la que no tenía agenda era la oposición.
Ni gobierno ni oposición: la agenda es de UPM
Durante semanas buena parte de la discusión política estuvo centrada en si el gobierno tenía o no agenda, si ésta se había agotado o estaba en dificultades.
La realidad indica que buena parte de la agenda del actual gobierno (y también de los anteriores del Frente Amplio) estuvo muy asociada a la expansión del gasto: desde el Sistema de Cuidados hasta iniciativas en vivienda o salud, pasando por la solución a los cincuentones, las propuestas implican más recursos. Pero como el déficit fiscal sigue muy alto (a pesar del aumento de impuestos), ya no es tan fácil seguir expandiendo el gasto estatal y la agenda se
complica.
A su vez, desde la oposición, más que reafirmar una agenda propia, los pronunciamientos políticos se han centrado primordialmente en criticar las iniciativas del gobierno y a la propia administración de los recursos públicos, como lo muestran las denuncias por casos graves de irregularidades administrativas, como todo lo sucedido en ANCAP, ASSE y otros casos. Por el hecho de que está más dispersa (a pesar de la predominancia del Partido Nacional como partido mayor de la oposición), a la oposición le ha costado “marcar la agenda”.
En este contexto es que se llega al acuerdo entre la empresa UPM y el gobierno, un Contrato de Inversión que constituye –prácticamente- una agenda de gobierno. Por un lado, establece fuertes compromisos para Uruguay en infraestructura. Lo que el país ha postergado por años, ahora la inversión de UPM lo exige, si se quiere concretar la millonaria inversión: caminos y carreteras para el transporte de madera a la planta, un tren de alto desempeño, conectividad.
Por otro lado, el Uruguay se compromete a introducir en el Derecho Positivo mecanismos de prevención y solución de conflictos, y los piquetes y ocupaciones, asunto que el gobierno ha postergado por años, a pesar de los pronunciamientos de la OIT.
Asimismo, el Contrato establece amplias iniciativas en educación y formación de los futuros trabajadores, con foco en la capacitación para la forestación, la industria celulósica y los procesos industriales en general, además de la instalación de centros de innovación, etc. En este punto hay compromisos mutuos del Estado y la empresa.
Además, UPM se compromete a cumplir las exigencias ambientales del Uruguay y trabajar con las Mejores Prácticas Disponibles (BAT, en inglés), a la vez que Uruguay se compromete a responder en plazos perentorios los diversos pedidos de Autorización Ambiental, algo que bien quisieran empresarios uruguayos que –por cuestiones más burocráticas que ambientales- ven demoradas las autorizaciones.
Son ejemplos claros que indican que, lo que no puede resolverse desde la política, puede moverlo una iniciativa de inversión millonaria. En parte, esto puede resultar comprensible: ante la posibilidad de una inversión histórica, los actores se alinean. Pero el asunto también denuncia que al sistema político le está costando ir a fondo en los temas clave, esos que se necesitan para volver a invertir y crecer con más vigor, con empleo, descentralización y desarrollo.
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