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Muerte de Cecilia Heber: justicia indaga expolicía por caso de vinos envenenados

Se trata de un sujeto que se encuentra preso por delitos sexuales. La muerte de la madre del ministro del Interior busca destrabarse.

Un nuevo indagado -también expolicía- se suma a la investigación por el asesinato en setiembre de 1978 de Cecilia Fontana de Heber, madre del ministro del Interior.

Según informa La Diaria se trata de un hombre que está cumpliendo condena por un delito de violación.

La semana pasada declaró ante la jueza Ana de Salterain y la fiscal adjunta de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Mariela Suárez.

Se lo acusa de haber tenido algún tipo de participación en el atentado.

El 29 de agosto de 1978 los nacionalistas Luis Alberto Lacalle, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber recibieron una botella de vino envenenado.

Pereyra y Lacalle no probaron el vino. Sí lo hizo la esposa de Heber en el mediodía del 5 de setiembre.

Fontana de Heber murió en circunstancias nunca totalmente aclaradas. La justicia tampoco encontró a los responsables del atentado.

El nuevo sospechoso podría echar luz al asunto.

Fuentes que participaron de la audiencia señalaron a La Diaria que el indagado incurrió en “varias contradicciones” y dio dos versiones distintas de su participación en los hechos en la misma declaración, que se extendió por varias horas.

Su huella dactilar fue hallada en la botella de vino con fosdrín, que envenenó a Fontana de Heber. Hasta el momento, el detenido nunca había sido mencionado en la causa.

En las pericias realizadas a las botellas se había encontrado otra huella, la del del subcomisario Ricardo Zabala, que también integraba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

Durante los años de investigación judicial se realizaron tres pericias caligráficas sobre las esquelas; una de ellas determinó que el texto había sido escrito por una exintegrante de la DNII.

Dos pericias posteriores deslindaron responsabilidades de la funcionaria. Las mismas fueron realizadas por el exdirector de la Escuela Nacional de Policía, Washington Curbelo, en 1978 y en 2010.

Heber cuestionó su legitimidad y apuntó a que existía un vínculo entre la mujer y Curbelo, quien fue relevado de su cargo cuando Heber asumió como ministro del Interior.

La Diaria cita fuentes del caso para señalar que la principal hipótesis del atentado es que se concretó en el marco de un enfrentamiento entre los militares que respondían a Gregorio Álvarez, que buscaban evitar el fortalecimiento de los actores políticos, y los que respondían a Aparicio Méndez, que concebían algún tipo de apertura al diálogo político.

El vino apareció en los domicilios de los dirigentes políticos el 29 de agosto de 1978.

La tarjeta señalaba: . “El jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa. M.D.N”.

Las botellas llegaron sobre las 20.30, envueltos en un papel de embalaje azul y acompañados de un sobre con el nombre del destinatario y otro sobre con la esquela.

El Partido Nacional tenía expectativas de retomar "los canales democráticos" tras un encuentro con autoridades del Congreso español. Su dirección así lo había manifestado en un comunicado público. Por el momento actuaban en la clandestinidad.

La jueza del caso solicitó un exhorto a la Central Intelligence Agency (CIA) en busca de más información, ya que en octubre de 2007 el Departamento de Estado de EE.UU. desclasificó 14 documentos relacionados con el caso.

En estos documentos se traza la hipótesis de la actuación de un sector de extrema derecha, dentro del Partido Nacional, que respondió a la contienda entre Álvarez y Méndez.

Se investiga la participación de un integrante del sector Azul y Blanco quien habría comprado el veneno y la actuación de integrantes inteligencia policial uruguaya que respondían a lineamientos dados por el gobierno de Estados Unidos a través de la embajada en Uruguay.

La desclasificación de los archivos se concretó luego de una negativa inicial por parte del gobierno de Estados Unidos al ser considerado un material secreto. La defensa de la familia Heber apeló en agosto de 2007 la resolución administrativa del organismo estadounidense y unos meses después logró el acceso a parte de los documentos vinculados al caso.

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