Marcha exige reforma judicial y cambios en la Corte Suprema argentina

Los manifestantes también exigieron a los jueces la investigación de denuncias de actos de espionaje estatal a dirigentes políticos y sindicalistas descubiertos recientemente y supuestamente organizados bajo el gobierno del liberal Mauricio Macri (2015-2019).

Oscar Medina, empleado de un banco estatal, dijo a AFP que participó de la marcha por la reforma judicial porque "una Corte Suprema es lo máximo de un país y debe juzgar para toda la población, no pertenecer a grupos poderosos".

Días antes, la coalición opositora Juntos por el Cambio, que integra Macri, calificó la marcha como "golpista".

"Han tratado de justificar a las causas de corrupción atribuyéndolas a un inexistente y burdo lawfare" o guerra judicial contra Kirchner, sostuvo en un comunicado la alianza conservadora.

El presidente Fernández impulsa una reforma que evite "que el poder decisorio se concentre en un reducido número de jueces que tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional", fundamentó al Congreso en 2020.

La reforma, que el Congreso seguirá tratando este verano austral, incluye la creación de nuevos juzgados para redistribuir las causas y restarle influencia a los 12 juzgados federales que investigan la mayoría de los casos políticamente sensibles, y la puesta en marcha de un Tribunal de Garantías que limite a la Corte Suprema a funciones de control de constitucionalidad.

Para la oposición se trata de un intento de crear una justicia favorable, especialmente para juzgar a Kirchner, que tarde o temprano pasará por la máxima instancia judicial.

En tanto, para la vicepresidenta los funcionarios judiciales argentinos "parecen constituir una aristocracia", según opinó en una de sus muchas críticas a los jueces que la procesan.

La semana pasada, desde Honduras, Kirchner afirmó que "de la misma manera que se financiaban golpes militares (en el pasado, ndlr) se comienzan a financiar golpes judiciales en América Latina".

El Poder Judicial argentino convalidó todos los golpes de Estado del siglo XX en el país, aunque desde 1984 juzgó y condenó a los jefes militares de la última dictadura (1976-1983) por la desaparición de 30.000 personas. Los procesos por violaciones a los derechos humanos prosiguieron en tribunales inferiores, aunque con extrema lentitud, según organismos humanitarios.

El jurista Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que condenó a los jerarcas de la última dictadura, comentó a AFP que el Poder Judicial, "luego de la recuperación democrática (de 1983), pasó a ocupar un lugar central en el escenario de la política".

En la década siguiente, la Corte Suprema acompañó las reformas económicas neoliberales del presidente peronista Carlos Menem (1989-1999), con fallos favorables a su gobierno, objeto de múltiples denuncias de corrupción.

"Este nuevo protagonismo fue despertando interés de la política sobre cómo podía cooptar y hacerlo más amigable. Esto empezó a ocurrir en la década del 90, con la incorporación de nuevos jueces en la Corte, que era afín al poder, y cuando se prestó atención a los tribunales federales que tienen la mayoría de las causas contra funcionarios públicos. Esa es la génesis", dijo Gil Lavedra.

Entre 2002 y 2005 siete jueces dejaron la Corte, algunos renunciando en medio del desprestigio del tribunal. En 2003, en ese contexto, el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) estableció un inédito mecanismo de audiencias públicas para seleccionar jueces según sus antecedentes académicos, profesionales y tributarios.

En 2015, Macri impulsó la designación de dos nuevos jueces de la actual Corte Suprema que debe expedirse en tres de las nueve causas que se abrieron a su antecesora Kirchner por supuesta corrupción y en las que había sido sobreseída por tribunales inferiores.

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FUENTE: AFP