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Los indigentes de Ciudad del Cabo, perseguidos y fuera de la ley

El estruendo de los furgones policiales resuena bajo un puente de Ciudad del Cabo y decenas de personas sin hogar se despiertan y recogen mecánicamente sus pertenencias y tiendas improvisadas, algo a lo que ya están acostumbrados.

El estruendo de los furgones policiales resuena bajo un puente de Ciudad del Cabo y decenas de personas sin hogar se despiertan y recogen mecánicamente sus pertenencias y tiendas improvisadas, algo a lo que ya están acostumbrados.

En uno de los países más desiguales del mundo, Ciudad del Cabo es quizás el lugar donde la brecha entre los que tienen y los que no tienen es más acusada.

En lo más bajo de la escala social, los sin techo son expulsados de las calles y de los lugares públicos en "operaciones de limpieza" de las autoridades locales.

Acusados de infringir las ordenanzas municipales, son rechazados tanto en el centro de la ciudad, lleno de restaurantes y tiendas de surf, como en los parques y lujosos suburbios de la costa montañosa.

En los meses previos a las elecciones municipales del 1 de noviembre, la ciudad intensificó estas redadas.

Las tiendas de campaña para unas 20 personas instaladas en la pista de un club de tenis fueron desmontadas en un frío día de finales de agosto.

Un mes después, camiones y grúas derribaron los campamentos de más de 40 personas en el Distrito 6, un barrio céntrico, y los agentes de policía flanquearon a los trabajadores municipales para confiscar mantas y colchones.

Además, estas familias sin techo tienen que pagar multas de 300 rands (19 dólares) por bloquear "intencionadamente" el "libre paso de peatones o vehículos".

"No somos animales", dice Ruwaidah, una mujer que no quiere dar su apellido y tiene dificultades para caminar.

Los defensores de los derechos humanos luchan contra esta caza de los sin techo en la "ciudad madre", aquella por la que desembarcaron los primeros colonos, elegida también como capital parlamentaria.

- Criminalización de los pobres -

"Una ordenanza municipal criminaliza a las personas sin hogar al prohibirles dormir en lugares públicos", dijo a la AFP Jonty Cogger, abogado del Centro Jurídico Ndifuna Ukwazi, que representa a las personas sin hogar contra la ciudad.

Una herencia de las leyes de vagancia de la época colonial, que Ciudad del Cabo, dirigida por el principal partido de oposición, Alianza Democrática (DA), considerado un partido blanco, es uno de los pocos que aplica al pie de la letra.

Con la pandemia de covid-19 y las calles vaciadas por el confinamiento, los sin techo se han hecho más visibles, lo que ha provocado un endurecimiento de esta política.

Desde septiembre, la policía puede detener a una persona sin hogar que se niegue a ir a un albergue.

Sin embargo, con 2.500 camas para más de 14.000 personas que duermen en la calle, la falta de espacio es evidente, según la organización Ndifuna Ukwazi.

Y esto a menudo da lugar a horas de cola para terminar siendo rechazado.

"Cerrar la puerta a seis mujeres que se ven obligadas a buscar un lugar donde dormir es difícil", afirma Edmund Martis, que dirige un centro de acogida y señala la falta de recursos.

"La ciudad tiene la responsabilidad de garantizar que los espacios públicos (...) estén disponibles para todos los residentes", argumenta un representante del ayuntamiento, Zahid Badroodien. Está prohibido orinar en la vía pública o hacer fuego, indica.

El mes pasado, en una decisión sin precedentes, los tribunales sudafricanos declararon ilegal el desalojo del Distrito 6 y acusaron al ayuntamiento, que ha recurrido, de "criminalizar a los pobres".

"Ahora es probable que casos similares lleven al mismo resultado", dijo Cogger, que espera que la decisión siente un precedente.

Con una copia de la sentencia, los ocupantes de la pista de tenis han montado sus tiendas y han llevado a su vez a la ciudad a los tribunales.

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FUENTE: AFP

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