POLÉMICA

Lacalle Pou pidió un informe sobre el caso del exsecretario de Presidencia y sus viajes por Aratirí y Plan Cóndor

El presidente dijo que a partir de entonces decidirá la suerte del Miguel Ángel Toma, actual fiscal de gobierno.

La noticia fue divulgada por el programa de Carve "Así nos va" y ampliada por Búsqueda en la edición del jueves.

El ex secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma quedó en el ojo de la tormenta por un caso que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) había dejado de lado dando por buenas las explicaciones del funcionario.

A principios de enero de 2020, el organismo archivó el caso aún con la negativa del entonces presidente Ricardo Gil Iribarne, quien se encontraba de licencia.

Los jerarcas presentes –el vicepresidente Daniel Borrelli y la representante por el Partido Nacional, Matilde Rodríguez– escribieron en el informe de respuesta a Presidencia: "Vuestra contestación se tuvo por satisfactoria en todos sus términos”.

Todo comenzó a investigarse por una denuncia anónima que llegó a la Jutep en 2019 desde una plataforma que habilita a escribir correos electrónicos cifrados.

Pedía investigar a Toma por el viaje que realizó entre el 4 y el 11 de julio de 2019 con motivo de una audiencia por el Plan Cóndor, ya que un tribunal de Roma estaba juzgando la responsabilidad de militares latinoamericanos en el secuestro, tortura y desaparición de ciudadanos italianos durante las dictaduras ocurridas en los años 60 y 70.

En ese marco, el secretario de Presidencia viajó junto a la contadora Giuliana Pérez en cinco ocasiones, dos veces a Italia y dos a Estados Unidos.

Pérez, de 26 años, había ingresado a Presidencia en marzo de 2019, cinco meses después de recibirse como contadora pública.

Su puesto original era en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo (Senaclaft).

Pero previo al viaje, Toma informó a la Senaclaft que la contadora Pérez formaría parte de una comitiva presidencial con el objetivo de investigar las ramificaciones de lavado de activos en el Plan Cóndor.

El funcionario viajó a Roma en clase ejecutiva por un pasaje con valor 6.265 dólares, en tanto sus asesora Pérez y la escribana María Antonella introini viajaron en clase turista a un costo en el pasaje de 1.795 dólares cada uno.

Este viaje no apareció como misión oficial en la web de Presidencia tal como es costumbre.

El jefe directo de la contadora Pérez, Daniel Espinosa, director de Senaclaft declaró a Búsqueda que esa secretaría "no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor".

Espinosa explicó que fue notificado del pase de la funcionaria cuando la decisión estaba tomada.

La nueva investigación también incluirá otros viajes realizados por Toma y la contadora Giuliana Pérez como el que tuvo lugar a Washington entre el 17 y el 23 de enero con motivo del proceso ante la Corte Permanente de Arbitraje iniciado por la empresa minera Aratirí.

Por ese viaje Presidencia abonó 9.715 dólares por los pasajes. Toma viajó en ejecutiva y la funcionaria en económica.

En las últimas horas, se reactivó el caso descartado tras la divulgación de los detalles de los viajes, y el tema tuvo alto impacto en redes sociales.

Un hecho curioso es que en la víspera se dio a conocer una imagen de video en la que se ve a Toma con indumentaria deportiva y a la contadora Pérez durante un partido de la AS Roma por el Calcio en coincidencia con aquella estadía. La trasmisión deportiva internacional los toma en un momento -apenas segundos- y esa captura de pantalla circula por todos los medios.

"UN CASO GRAVE", SEGÚN LACALLE

En ese contexto, el presidente Lacalle Pou fue consultado durante su visita a Maldonado: "Hoy tomé contacto con la noticia por la prensa. Es muy grave y ya pedí un informe", advirtió.

Hoy, en una rueda de periodistas, volvió a hablar del tema y dijo que cuando el informe esté pronto decidirá si pide al ministerio público la destitución de Toma, quién volvió al cargo de fiscal que tenía reservado previo a ocupar cargos en la presidencia de Tabaré Vázquez.

Miguel Ángel Toma es un prominente abogado, muy ligado a Julio Sanguinetti en los años 80 y 90, para luego convertirse en personal de estrecha confianza de Tabaré Vázquez.

Durante la segunda gestión del expresidente colorado Julio Sanguinetti fue director de Jurídica en el Ministerio de Salud Pública. En esa función participó de una investigación a Vázquez por conjunción del interés público y privado.

Vázquez era el titular de Radioterapia y recomendó al Instituto Nacional de Oncología (INDO) la compra de servicios de Nuclamed, empresa cuyo responsable era uno de sus hijos.

Un informe del departamento dirigido por Toma eximió a Vázquez de responsabilidades. Concluyó que habían existido fallas pero sin llegar a consumarse hechos irregulares.

Durante el gobierno de Jorge Batlle, Toma fue director general de secretaria del MSP hasta que fue destituido por ministro Conrado Bonilla en 2003. Bonilla tomó la resolución apenas fue designado.

Pero el cambio de gobierno en las elecciones de 2004 le tenía reservado a Toma nuevos desafíos.

Tras la victoria del Frente Amplio, Tabaré Vázquez designa a Miguel Ángel Toma como director de la Oficina del Servicio Civil. En 2008, cuando Gonzalo Fernández deja la secretaría de Presidencia, asume tal función, el puesto de mayor proximidad al mandatario.

Esa relación de confianza se expresa nuevamente cuando Toma vuelve a retomar la importante función al lado de Tabaré Vázquez en su segunda presidencia.

En su momento, varios excolorados adhirieron a Vázquez durante la campaña presidencial de 2005. Entre ellos estaban Alberto Scavarelli -exprosecretario de Presidencia-, Daniel Borrelli -exministro del Interior- y Miguel Toma. Todos ellos tienen en común haber sido funcionarios de primera línea del Partido Colorado y el hecho de ser masones, igual que Tabaré Vázquez. Otro ejemplo es Glenda Rondán, que pasó del coloradismo al FA. Ella integra la rama femenina de la masonería.

Según un perfil publicado por el semanario Búsqueda, Toma pasa sus días repartidos en su casa de Montevideo y una propiedad en el barrio privado Boulevard Park de Punta del Este.


La crónica firmada por los periodistas Guillermo Draper y Juan Pittaluga señala que uno de los orgullos del funcionario es un coche deportivo Nissan Máxim, de 300 caballos de fuerza.

"Toma se jacta de que ese auto no se consigue en Uruguay y que se lo mandó traer especialmente", dice el perfil del funcionario.

Sobre su vínculo a Vázquez se señala que integra la Gran Logia de la Masonería a la cual "ingresó por el respaldo de Oscar Magurno, jefe de Vázquez en la Asociación Española".

Tras la salida del poder del Frente Amplio, Toma tenia en reserva un puesto como fiscal de Gobierno de segundo turno.

En enero pasado, él confirmó a El Observador que retomaría su cargo. En tal sentido, adelantó que permanecerá hasta el 6 de agosto de 2022, día en que cumplirá 70 años y deberá pasar a retiro jubilatorio.

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