El Poder Ejecutivo remitió este viernes al Parlamento el texto del veto parcial que el presidente Luis Lacalle Pou resolvió aplicar a la ley aprobada para atender los créditos laborales de los trabajadores de la ex Casa de Galicia. Las observaciones parciales apuntan a los artículos 1 a 3 de la norma "por razones de constitucionalidad y conveniencia" y presenta textos sustitutivos.
Lacalle Pou argumenta "razones de constitucionalidad y conveniencia" para veto parcial a ley de Casa de Galicia
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el mensaje con observaciones a los artículos 1 a 3 y propone textos alternativos para atender los créditos laborales de los extrabajadores de la mutualista.
Entre los fundamentos, el documento expresa que esos artículos violan el principio de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Constitución, al aplicar "en forma desigual y discriminatoria, favoreciendo a un grupo de trabajadores, en perjuicio del resto" de los trabajadores privados el Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el ámbito del Banco de Previsión Social, previsto en la ley 19.690.
"Se fijan plazos breves y perentorios para el pago de los créditos garantizados, se da cobertura a créditos que el resto de los trabajadores no tienen protegidos (los post concursales), no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos personales con las autoridades empresariales, sin que exista una causa razonable que justifique tal trato discriminatorio en menoscabo de los demás trabajadores de la actividad privada que se ven afectados por la insolvencia empresarial", afirma el texto.
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A juicio del Poder Ejecutivo, los artículos observados también violan el artículo 86 de la Constitución al disponer el pago "en forma breve y perentoria (en un único pago dentro de los 180 días de promulgada la ley) y sin contemplar el flujo de ingresos del fondo". Eso llevará al desfinanciamiento y la necesidad de integrar el mismo con fondos del Tesoro Nacional "por un monto y plazo indeterminados y sin que se establezca con qué fondos serán cubiertas dichas erogaciones".
El documento enviado al Parlamento también establece objeciones de Derecho y de mérito. Al considerar que "el Poder Ejecutivo tiene a su cargo, por mandato constitucional, la conducción de la economía y las finanzas del Estado uruguayo" y que la Constitución le ha reservado "la iniciativa privativa en diferentes materias, a la vez que ha impuesto al Poder Legislativo determinadas limitaciones o condiciones".
También hace referencia al cuidado en el manejo de los dineros públicos y la contención del gasto estatal. Y que los dispuesto en la ley "afecta las disponibilidades del Tesoro y altera la planificación financiera, justificando también una observación por razones de mérito".
Por último, el Poder Ejecutivo propone textos sustitutivos basados en "la necesidad de garantizar los créditos laborales de los trabajadores de la ex Casa de Galicia" y que cumplen con los objetivos de mantener la posibilidad de garantizar los créditos laborales de los trabajadores, no afectan las existencias del fondo y determinan el aporte del Estado a una suma determinada, permitiendo el cuidadoso y responsable manejo de los recursos del Tesoro Nacional a cargo del Poder Ejecutivo.
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