"La población pagará más caro por agua de peor calidad": FFOSE y organizaciones sociales contra proyecto Arazatí

Además, remarca que el proyecto tendrá un costo para OSE de 1.140 millones de dólares al finalizar los 20 años de contrato, lo que le impedirá a la empresa realizar nuevas obras durante ese período, e implicará "un aumento en las tarifas de agua, afectando directamente a la población".

Recuerda que hay acciones judiciales y administrativas pendientes, por lo que espera que se detenga la ejecución del proyecto y que no se firme el contrato, cuyas condiciones "están desbalanceadas a favor del privado y deja al Estado como garante para afrontar todos los riesgos y sobrecostos del proyecto", sostiene el documento.

"Deberá ser el gobierno entrante que estudie alternativas a los desafíos que tenemos hoy para gestionar el agua, e implementar la serie de medidas sobre las que venimos trabajando para la recuperación ambiental de la Cuenca del Santa Lucía", concluye.

Montevideo, 9 de diciembre de 2024

Carta a la opinión pública

Como organizaciones que defendemos el derecho humano de acceso al agua potable, consideramos que ha quedado claramente demostrado que el impuesto proyecto Neptuno-Arazatí es violatorio de ese principio.

La Reforma Constitucional de 2004 marca un hito al consagrar el derecho humano al agua e impedir la privatización de los servicios de agua potable, así como la privatización y mercantilización del agua en los territorios. El Proyecto Neptuno viola estas disposiciones constitucionales, por:

• La eventual puesta en funcionamiento de esta propuesta disminuiría la calidad de agua que OSE distribuye a la población por la frecuencia de altos niveles de salinidad, floraciones de cianobacterias y presencia de trihalometanos, poniendo en riesgo la salud de la población. El sodio tiene repercusiones en la salud para pacientes hipertensos, enfermedades renales crónicas y dializados y para las mujeres embarazadas. Los trihalometanos declarados como posibles cancerígenos especialmente para tumores de vejiga y colon.

• El alto riesgo de contaminación del acuífero Raigón a partir de la Reserva de Agua Bruta (RAB) y del monorrelleno sanitario. Este acuífero actualmente es fuente de abastecimiento de agua para riego (utilizada por cientos de familias productoras) y para consumo humano en la zona.

• El costo de las obras para el consorcio privado será de 304 millones de dólares. Sin embargo, al finalizar los 20 años de contrato, el Estado habrá pagado un total de 1140 millones de dólares. Esto se debe a que cada año se abonarán 57 millones de dólares en concepto de canon y costos operativos. Esta situación limitará a OSE, que no podrá realizar nuevas obras durante los próximos 20 años. Además, implica un aumento en las tarifas de agua, afectando directamente a la población.

• Es un proyecto inconstitucional, ya que incumple el artículo 47: nunca se habilitó participación social. Además, con el proyecto Neptuno-Arazatí el control de la prestación del servicio de agua potable queda en manos de los privados.

• El proyecto como esta formulado atenta contra la integridad ambiental de la costa de San José que presenta alto valor productivo, de pesca artesanal, de recreación social, ecológico, geológico, paleontológico y arqueológico.

Hay nuevos elementos, estudios de la Facultad de Ingeniería contratados por OSE, registraron 3 eventos de alta salinidad entre 2021 y 2023, en dicho período, durante casi 6 meses que no se hubiera podido potabilizar el agua. Y en los últimos 22 años registraron por los menos 5 eventos de más de tres meses de salinidad, no uno cada 50 años como afirma el Consorcio. Este no es un escenario de garantía para brindar agua potable a la población en momentos de crisis hídrica.

Hay acciones en el Poder Judicial y en el Tribunal de los Contencioso Administrativo, es esperable que por razones de inconstitucionalidad y académicas detengan la ejecución del proyecto y si el contrato está firmado implicarán costos mucho más altos para el Estado Uruguayo. Las condiciones del Contrato están desbalanceadas a favor del privado y deja al Estado como garante para afrontar todos los riesgos y sobrecostos del Proyecto.

Como si no fuera poco, nos encontramos en el marco de una transición de gobierno, situaciones de incertidumbres políticas, si a eso se le suman los argumentos expuestos, más aún OSE no debe firmar el contrato y deberá ser el gobierno entrante que estudie alternativas a los desafíos que tenemos hoy para gestionar el agua, e implementar la serie de medidas sobre las que venimos trabajando para la recuperación ambiental de la Cuenca del Santa Lucía.

En síntesis, de implementarse el proyecto Neptuno-Arazatí toda la población pagará más caro por agua de peor calidad.

Firman:

FFOSE

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida

Agrupación Tucu Tucu-Arazatí

REDES-Amigos de la Tierra

Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía

Comisión vecinos/as en defensa de la Laguna del Cisne y Yasyry (Solis Chico)

FUCVAM

FANCAP

Coordinadora de Pescadores Artesanales

Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba

Colectivo Ecofeminista Dafnias

Cotidiano Mujer

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

Coordinación por el Agua

Red Unión de la Costa

Asamblea Hue Mirí

La campana verde

EcoFranciscanas

REGCHAG (Regional Chaco y Acuífero Guaraní)

Bar Medicinal Uruguay

Colectivo La Campana Verde

Movimiento por la tierra Valizas

Colectivo Bilu Atit

Proyecto Ñacurutú

Comisión en defensa arroyo El Potrero

Liga de Fomento de Jaureguiberry

Departamento de Denuncia Ambiental Ciudadana (DDAC)

De la Red APA (Ambiente Piriápolis y Alrededores)

Defensa de la costa Aguas Dulces

ALAMES URUGUAY

AMUD

No al Tren de UPM

Colectivo Ambiente Punta del Diablo

Asociación Civil Nativos Punta Negra

Hermandad Pro Derechos

Agua es Vida Tacuarembó

Intersocial Oeste

SUMEFAC (Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria). GT Salud y Ambiente