La justicia de Bolivia carece de la "mayor credibilidad", dijo este miércoles el canciller Rogelio Mayta, al comentar sobre la sugerencia de expertos internacionales de reformar el sistema.
La justicia de Bolivia carece de la "mayor credibilidad", dice canciller
La justicia de Bolivia carece de la "mayor credibilidad", dijo este miércoles el canciller Rogelio Mayta, al comentar sobre la sugerencia de expertos internacionales de reformar el sistema.
"Tampoco vamos a pretender que [...] tengamos una justicia que goce de la mayor credibilidad", afirmó Mayta en una conferencia de prensa, en referencia a las reformas propuestas por un grupo de expertos independientes convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo crítico informe se publicó el 18 de agosto.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) destaca la "falta de independencia de la administración de justicia, la ausencia de garantías del debido proceso" y "el uso excesivo de la detención preventiva" en Bolivia.
Además, el documento de casi 500 páginas sostiene que "magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos".
"Necesitamos una justicia independiente y no vamos a cesar en el esfuerzo de que este objetivo se logre", agregó el ministro de Justicia, Iván Lima, en la misma conferencia de prensa.
"El compromiso del presidente [izquierdista Luis] Arce es que esta justicia sea independiente y vamos a seguir las recomendaciones del grupo. Pero no hay una fecha para que la justicia sea independiente", remató.
Las declaraciones de ambos ministros se hicieron en medio de una controversia sobre el proceso contra la expresidenta interina derechista Jeanine Áñez (2019-2020), en prisión preventiva desde marzo por acusaciones de genocidio, terrorismo y conspiración, entre otros delitos.
Según la oposición, que asegura no se está respetando el debido proceso, se trata de un ajuste de cuentas.
En julio de 2020, durante el mandato de Áñez, la Fiscalía acusó al expresidente Evo Morales de terrorismo y pidió su detención, meses después de que el mandatario renunciara en medio de presiones de mandos militares, protestas masivas y acusaciones de fraude electoral.
El 8 de noviembre de 2020, el Movimiento al Socialismo de Morales retornó al poder tras la victoria electoral de su delfín, Luis Arce.
Tres días después, la Fiscalía emitió una resolución rechazando las denuncias en contra de Evo Morales.
Denuncias similares llevaron la detención de Áñez y varios de sus ministros más adelante.
La expresidenta de 54 años, que se encuentra en frágil estado de salud, intentó suicidarse el sábado cortándose un brazo en la cárcel.
msr/fj/gm
FUENTE: AFP
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