Opinión

La foto asusta y la película también

El asunto se vuelve aún más preocupante cuando se mira toda la película: la economía venía desacelerando y ahora hace meses que no crece

El déficit fiscal llegó al 4,8% del PBI en el año móvil a abril, lo que equivale a unos U$S 2.600 millones. De cada 100 pesos que gasta el Estado uruguayo, recauda 86, los otros 14 tiene que financiarlos con deuda.

La foto asusta, y el asunto se vuelve aún más preocupante cuando se mira toda la película: la economía venía desacelerando y ahora hace meses que no crece, según reconoció el propio ministro Astori. El crecimiento se estanca mientras el déficit sigue subiendo, lo que puede generar problemas financieros al país.

Desde el gobierno se apuesta a la reactivación de la economía para que –así- aumente la recaudación y el déficit se reduzca sin tener que recortar gastos. El abordaje luce optimista, atento al escenario externo: el crecimiento global será menor por la guerra comercial y la región tiene problemas propios.

A nivel local las cosechas agrícolas han sido mejores, hay proyectos de inversión en marcha y se espera la inversión de UPM, pero todo indica que esto no será suficiente para revertir sustancialmente la situación y corremos el riesgo de terminar con un déficit fiscal aún mayor este año.

A mi juicio, hay tres equívocos que impiden un abordaje más a fondo del problema. Por un lado, el gobierno destaca que Uruguay mantiene su grado inversor, otorgado por las principales calificadoras. Efectivamente, es un asunto positivo y permite acceder a crédito más barato. Pero –mal entendido- el grado inversor puede llevar a una complacencia peligrosa que nos facilita ‘patear la pelota para adelante”; así, sube la deuda, los problemas se agudizan y –cuando se quiera reaccionar- podría ser tarde.

A su vez, se enfatiza que el gasto tiene una alta proporción de rubros fijos, inamovibles, sobre lo cual no se puede actuar (jubilaciones, transferencias, sueldos). Una suerte de resignación presupuestal que puede resultar complicada, pues si no se va al cerno de los gastos relevantes (en especial la seguridad social) difícilmente la situación fiscal tenga un giro positivo. Pero todo indica que consensuar una reforma jubilatoria llevará tiempo y –ciertamente- no será ahora.

En tercer lugar, desde la oposición se plantea contener el gasto, revisar y recortar los considerados innecesarios, tener austeridad en el manejo de las cosas del Estado. Todos conceptos razonables que, sin embargo, es difícil que generen un impacto apreciable en las cuentas estatales: los recortes son recesivos a corto plazo, por lo que es esperable que afecten la recaudación. Por otra parte, el vigor político para una reducción significativa, profunda y sostenible del gasto estatal no es sencillo de conseguir. La idea de limitar el ingreso de personas al Estado y no renovar vacantes parece más un simplismo que una medida de fondo: el Estado necesita más gente en algunos lados, y mucho menos en otros. No se trata de razonar al barrer, aunque luzca atractivo en campaña electoral.

Hay quienes argumentan que un ajuste fuerte puede ser expansivo en el mediano plazo, si el déficit se reduce de manera consistente y las empresas retoman la inversión y aumentan la actividad. Pero conseguir todo eso en una jugada no es sencillo.

¿Qué hacer entonces? La expansión presupuestal de los últimos años ha sido tan fuerte que hay mucho para reconsiderar en la situación actual, mucho más complicada de la prevista. Y aunque parezca contradictorio, antes de los números hay que ir a los conceptos: ¿Cuál es el alcance que se pretende del Estado? ¿Cuáles son las prioridades? Hay roles básicos que hay que mejorar, como la seguridad y la justicia, donde la ejecución del gasto puede ser más eficiente pero es difícil pensar en recortes. En otros renglones, hay que ir más a fondo, desde el Mides hasta la “Caja” Militar, pasando por ASSE, las Intendencias, ANEP, Udelar y otra larga lista. En las Empresas Estatales aplicar estrictamente el principio constitucional de especialidad (art. 190), enfocando su accionar en los objetivos básicos de su rol y –así- abrir espacios para una reducción de tarifas.

Porque la economía tiene serios problemas de competitividad y -si se pretende sostener sistemas de salud y seguridad social de amplio alcance, con mayor gasto educativo y más inversión-, la capacidad de producción tiene que mejorar y retomarse el crecimiento. Por eso, la reforma en la seguridad social es imprescindible, a la que habría que agregar cambios en salud y educación, aumentando la eficiencia del gasto y habilitando más espacios para iniciativas de la sociedad, que no necesariamente estatales. Y –desde ya- incorporar cambios en el marco legal de relaciones laborales, que –a todas luces- está complicando la inversión empresarial y el empleo.

La economía uruguaya ha sumado fortalezas en los últimos años, pero subestimar y postergar soluciones a la situación fiscal puede ser el camino para perderlas.

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