La controversial letra chica del contrato de la regasificadora

Uruguay se compromete a pagar a Gaz de France lo que no pueda descontar por convenios de doble tributación. Subsidiarias y dudosa resolución de controversias.

Uruguay se comprometió a pagar a la empresa que construirá la regasificadora, Gaz de France-Suez (GDF), lo que no pueda descontar por impuestos en España, adonde la compañía creó una filial para evitar la doble tributación.

La empresa belga-francesa GDF creó una subsidiaria Gaz de France-Suez Latin America Participacoes para aprovechar el tratado entre Uruguay y España que evita la doble tributación. De esta manera, los impuestos que pagará en Uruguay puede descontarlos en la empresa de origen.

A la hora de firma r con Gas Sayago lo hizo como GNL Montevideo Sociedad Anónima, con sede en Montevideo y subsidiaria de Gaz de France Suez Latin America Participaçoes Limitada.

El contrato -al que accedió el diario El País- establece que se considerará “un cambio en la ley” en caso que se obstaculice o se niegue la aplicación del tratado de doble tributación, o que se le niegue a GNL del Sur Holdind S.L. su condición de sociedad española.

El pacto establece que podría hacer ajustes por cambio en la ley. Allí se prevé formalmente qué hacer si el proveedor incurre en costos mayores o menores, o si sufre un aumento o descenso en sus ingresos.

La obra -que construirá y operará GDF- costará a Gas Sayago -empresa conjunto entre UTE y Ancap- 1.125 millones de dólares. El proyecto se encuentra en litigio con vecinos de la zona y la Coordinadora de vecinos del Oeste montevideano. Para estos grupos, la construcción de la planta tendrá un serio impacto ambiental.

El director de Energía del Ministerio de Industria, Energia y Minería, Ramón Méndez Galain, explicó a El Observador días atrás que se exigió una filial uruguaya a GDF para solucionar eventuales controversias con la empresa. De este modo, explicó, las mismas se regirán por la ley uruguaya.

Méndez sostuvo que GDF entregó a Gas Sayago una carta respaldo, “comprometiendo sus recursos y experiencias”.

Pero la carta -según El País- menciona las experiencias pero no los recursos, y sostiene que el documento será regido por las leyes francesas.

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