El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) presentó un recurso de habeas corpus ante la Justicia, por la situación de vulnerabilidad en el sistema carcelario, tras el incendio en el que resultaron heridos cinco reclusos.
Justicia acogió recurso de sindicato penitenciario: ordena al Estado informes y acciones por hacinamiento en ex-Comcar
"Se reconoció la violación a los derechos humanos de los presos y se obligó al Estado a intervenir el asunto", indicaron desde el sindicato.
La resolución judicial fue a favor de lo planteado por el sindicato y ordena al Ministerio del Interior a presentar un informe técnico en 45 días sobre la situación de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar). En el mismo debe estar contemplada "la cantidad de funcionarios que necesita la Unidad IV del INR para funcionar adecuadamente (policías, operadores, técnicos y personal de mantenimiento por PPL). Asimismo, con fundamento en dicho informe, adecuar el cuadro de funcionarios en un plazo de carácter razonable, debiendo realizar informes parciales a la sede de su avance", indica el comunicado.
La Justicia también intima a llevar a cabo acciones que bajen el hacinamiento en los módulos 3,4,8,10 y 11 "a niveles tolerables en un plazo razonable, debiéndose informar a la sede las medidas que se implementen al respecto", agrega.
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También se ordena un informe técnico del departamento de Arquitectura del INR, por un plazo de 90 días con un diagnóstico de problemas edilicios de cada módulo. En ese sentido, la Justicia hace énfasis en el acceso al agua corriente, saneamiento, problemas eléctricos, condiciones de habitabilidad.
"Se reconoció la violación a los derechos humanos de los presos y se obligó al Estado a intervenir el asunto", indicaron desde el sindicato.
Entre los argumentos presentados por los demandantes está que las condiciones de reclusión son "crueles, inhumanas y degradantes". También se menciona que hay carencias en lo "edilicio, falta de personal y hacinamiento extremo", como consecuencia entienden que existe un "riesgo inminente para la salud, la integridad física y la vida para la población privada de libertad".
La Justicia aclara en el fallo que "esta decisión de ninguna manera se pretende invadir la competencia de otros órganos, la política carcelaria del Estado ni su presupuesto, simplemente, se actúa en el entendido de garantizar los derechos a la vida, seguridad, salud y dignidad de las personas privadas de libertad que se han visto comprometidos en la Unidad IV del INR, atento a que nuestra Constitución establece directamente que toda persona tiene el derecho a ser protegido en el goce de su vida y seguridad".
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