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Junta departamental de Maldonado votó batería de medidas para sectores afectados por la pandemia

Las medidas incluyen facilidades para promitentes compradores de viviendas de interés social, beneficios para el pago de contribución inmobiliaria y otros tributos para salones de fiestas y eventos, agencias de viajes y gastronómicos.

La Junta departamental de Maldonado sancionó un proyecto de decreto con beneficios para afectados por la crisis sanitaria, por unanimidad y con aporte de todos los partidos políticos que la intergan.

Las medidas incluyen la incorporación de facilidades para promitentes compradores de viviendas de interés social, la ampliación de plazos para la exoneración de multas y recargos, por falta de pago de contribución inmobiliaria y tributos conjuntos, así como también la ampliación del plazo de vencimiento de la contribución inmobiliaria para salones de fiestas y eventos y agencias de viajes con generación de créditos fiscales para quienes ya abonaron.

Incluyen también el aumento del alcance de beneficiarios de la exoneración de la Tasa de Contralor de Higiene Ambiental, para el pago por el ejercicio 2021.

En el caso del transporte turístico departamental, se exonera del pago por el ejercicio 2021 de la tasa anual por inspección y habilitación.

Sobre la contribución inmobiliaria y otros tributos, la Intendencia de Maldonado estará facultada para exonerar de multas y recargos por falta de pago del ejercicio 2021 a quienes estuviesen amparados al descuento por buen pagador siempre y cuando acrediten que el incumplimiento tuvo origen en la situación de emergencia sanitaria. En estos casos se plantea mantener dichos descuentos.

Sobre los establecimientos hoteleros, el proyecto de decreto faculta a la Intendencia a aplicar un régimen excepcional para el ejercicio 2021 a los hoteles que permanezcan abiertos durante todo el año, entre otras medidas.

En el caso de los gastronómicos, la Intendencia podrá celebrar convenios con la corporación gastronómica para que sus afiliados puedan cancelar el equivalente al 50% del valor de la tasa de contralor e higiene ambiental o de los precios que deban abonar mediante la prestación de servicios a la Administración.

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