La jueza Mariana Motta será recusada por el abogado penalista Miguel Langón Cuñarro en el juzgamiento de casos de lesa humanidad, si se comprueba que la magistrada estuvo presente en la "marcha del silencio" desarrollada el 20 de mayo último. También la Suprema Corte de Justicia investigará el hecho, dijeron a Carve fuentes de la corporación.
La recusación se llevaría a cabo si se comprueba que Motta concurrió al simbólico acto desarrollado por familiares de los militantes asesinados y desaparecidos en los años de la "guerra sucia". La información de la presencia de la jueza en la marcha fue divulgada por el semanario Búsqueda
Entrevistada por el semanario Búsqueda, Motta no quiso reconocer su presencia en la marcha, pero dejó entrever que estuvo allí conversando con el legislador comunista y abogado Oscar López Goldaracena, patrocinante de muchos de las demandas penales.
"No tengo prohibida la palabra con nadie ni cuando me lo encuentro a alguien en la calle", respondió Motta ante la consulta de periodistas de Búsqueda.
Langón, un ex fiscal, considera que el comportamiento de la jueza supone un conflicto de intereses.
El abogado es defensor de varios de los militares acusados por asesinatos a militantes políticos y guerrilleros durante la dictadura.
Motta tiene a su cargo la llamada "megacausa" que incluye decenas de delitos de lesa humanidad por los que fueron procesados el ex presidente Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco.
Ahora la magistrada tiene a su cargo nuevos casos como el de 19 muertos por tortura entre 1972 y 1976, cuya investigación caso a caso fue presentada por la Fundación Mario Benedetti.
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Jueza especializada en derechos humanos recusada por militares
Si se comprueba que Mariana Motta estuvo en la "marcha del silencio", el abogado Miguel Langón pedirá que no actúe en los casos. La Suprema Corte investigará.
Junto con los jueces Rolando Vomero, Luis Charles y las fiscales Mirtha Guianze y Ana María Tellechea concentran buena parte de los 88 casos que se abrirían por el camino de la derogación de la Ley de Caducidad.
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