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Investigan denuncias de torturas tras intervención militar en Rio de Janeiro

La intervención federal en la seguridad pública de Rio de Janeiro la decretó el presidente Michel Temer, en febrero de 2018, respaldado por el Congreso.

La Fiscalía de Brasil inició una investigación por un supuesto acto de torturas cometidas por efectivos del Ejército después de una operación en agosto en una comunidad de Rio de Janeiro, donde los militares están actualmente facultados por la ley para tomar el control de la seguridad.

La operación, realizada el 20 de agosto, tuvo como consecuencia la detención de siete adultos y un menor. Según las informaciones relatadas en el proceso judicial en el estado de Rio, los involucrados "habrían sufrido agresiones físicas por parte de los militares que consistieron en prácticas de tortura", dice un comunicado de la Fiscalía de Rio de Janeiro divulgado el viernes.

La oficina de control de la actividad policial del Ministerio Público decidió investigar la veracidad de las declaraciones presentadas en el juicio por las supuestas víctimas.

Dentro de las posibles penalidades para los agentes responsables, está la pérdida de los cargos de quienes hayan participado directa o indirectamente de los actos de tortura, además de las responsabilidades legales, explicó la Fiscalía.

La intervención federal en la seguridad pública de Rio de Janeiro la decretó el presidente Michel Temer, en febrero de 2018, respaldado por el Congreso. Con ella, el gobierno federal -a través de un interventor militar designado por el presidente- toma el comando de la policía, los bomberos y del sistema penitenciario en el estado de Rio.

Se trata de una medida excepcional que no había sido tomada por ningún mandatario desde la promulgación de la Constitución vigente, de 1988.

Paralelamente, por disposición de Temer, desde el 31 de julio de 2017, las Fuerzas Armadas participan del control de la seguridad en Rio, amparándose en la facultad constitucional conocida como Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que permite llamar a tropas en circunstancias específicas y ha sido usada con mayor frecuencia en los últimos años.

El viernes, el presidente electo, Jair Bolsonaro, aseguró que cuando asuma el poder el 1 de enero de 2019 no renovará la intervención federal en Rio de Janeiro, pero admitió que puede mantener activado el GLO.

Además dijo que pretende resguardar jurídicamente a quienes participen del control de la seguridad, para que no sean penalizados por actos cometidos dentro de su actuación profesional.

"Quiero una retaguardia jurídica para las personas que se encargan de la seguridad de Brasil. No puedo permitir que un integrante de las Fuerzas Armadas , Policía Militar o Policía Federal, entre otros, después de cumplir su misión, sean procesados", explicó, tras participar en Guaratinguetá, Sao Paulo, de una actividad en la Escuela de Especialistas de Aeronáutica.

Mantener una intervención federal activa impide por ley al Congreso hacer modificaciones a la Constitución. Ello iría en contra de los planes de Bolsonaro, quien busca reformas en materia de pensiones o privatizaciones.

FUENTE: AFP

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