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Institución de DDHH está en contra de bajar edad de imputabilidad

En un comunicado expresó que la propuesta violaría el derecho a la igualdad ante la ley que consagra la Constitución. Además, desconocería tratados internacionales.

 

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) se manifestó en contra del plebiscito que propone bajar la edad de imputabilidad, para que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados y penados como adultos.

Este plebiscito, impulsado por el candidato a la Presidencia del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y por el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se propone reformar la Constitución con una consulta al cuerpo electoral el mismo día de las elecciones nacionales, el próximo 26 de octubre.

Esta institución, dice el comunicado publicado este miércoles, “entiende pertinente dar a conocer a toda la sociedad uruguaya su opinión contraria a la aprobación de la mencionada reforma de la Constitución de la República”.

“Esta opinión se basa en los argumentos elaborados sobre el tema por la doctrina más especializada, desde diversas disciplinas”, agrega.

A modo de resumen, el INDDHH advierte que “de ser aprobada la reforma sometida a plebiscito se presentarán serias dificultades para interpretar la Constitución de la República en su conjunto”·

“A juicio de la INDDHH, se generarán contradicciones entre el texto propuesto y otras normas históricamente incorporadas a la Carta Magna. Es el caso del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el Artículo 8 de la Constitución vigente”, indican en el comunicado.

“La reforma incorpora la llamada 'teoría del discernimiento', según la cual no todas las personas entre los 16 y los 18 años de edad pueden ser sometidas al Código Penal adulto, sino solamente aquellas que, de acuerdo a lo que entienda discrecionalmente el Juez competente, tienen 'madurez o discernimiento suficientes' para actuar. Esta teoría ha sido abandonada por el Derecho Penal Liberal, aplicado en los países de mayor desarrollo democrático”, explica la Institución.

“Conforme a este principio la Justicia no puede, en forma discrecional o a partir de una decisión subjetiva del Magistrado actuante, disponer si una norma jurídica se aplica o no a personas que se encuentran objetivamente en una misma categoría, en el caso, en la misma franja etárea”, agregan.

La Institución indica además que de prosperar la baja de la edad de imputabilidad, se estarían desconociendo acuerdos internacionales suscritos por Uruguay.

“Nuestro país asumió oportunamente la obligación ante la comunidad internacional de establecer el estándar mínimo de los 18 años de edad para comenzar a aplicar las normas del Derecho Penal adulto. Desconocer ese estándar viola el principio de no regresividad, según el cual, una vez alcanzado determinado nivel de protección de un derecho, el Estado no puede disminuirlo”, concluye.

Lea aquí la declaración completa del INDDHH.

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