Impuesto "rompe-paga" vuelve a superficie tras rechazo del ICIR

¿Qué pasará con el impuesto a la tierra? ¿Cuál fue el argumento de los jueces para rechazarlo? ¿Qué propuestas se manejan para sustituirlo?

21 de febrero de 2013, 11:17hs

 

El gobierno de José Mujica insistirá en gravar la tenencia de tierras más allá de las 2.000 hectáreas. Una vez que la Suprema Corte hizo caer el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR), que en evidencia que detrás del impuesto hay una cuestión de principios. Solicitarle a 1.200 productores rurales -de un total de 47.500- que hagan un “aporte” a la sociedad que le hizo el aguante a los agronegocios en la crisis de 2002 y luego de diez años de crecimiento sostenido del sector.

Siete de cada diez dólares que exporta Uruguay provienen del sector agropecuario. El enorme desarrollo -a partir de la escala de precios internacionales de los commodities- también trajo sus efectos colaterales. Los caminos han sufrido serio deterioro por el mayor transporte pesado.

Sólo de la planta de celulosa de UPM, en Fray Bentos, salen más de 300 camiones cada día con carga para diversos puertos. La determinación del gobierno en principio fue crear un fideicomiso para resolver los problemas viales.

Pero luego decidió implantar un impuesto especial para recaudar 60 millones de dólares anuales. Ese tributo se llamó ICIR y el dinero iba a repartirse entre la caminería rural y la compra de tierras para el Instituto Nacional de Colonización.

La actual conformación de la Suprema Corte dio vuelta algo que parecía cosa juzgada. Cuatro de sus cinco integrantes consideraron que el ICIR lesiona la autonomía financiera de las intendencias y se superpone con la contribución de inmuebles rurales.

De algún modo le dio la razón al astorismo que, dentro del gobierno, criticaba el fundamento del impuesto más allá de la variable del índice Coneat 100,el único sesgo de productividad que contenía el proyecto de ley.

La Reforma Tributaria de 2008 pretendió ser una “solución final” para la ingeniería impositiva uruguaya y el ICIR vino a a convertirse en una ruptura de las reglas de juego para los inversores del campo.

Astori y el Ministerio de Economía defendían el sentido último de gravar la renta sobre la propiedad. Pero el mujiquismo -representado por el equipo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- entendió que había que desalentar la especulación y la extranjerización de la tierra.

UN BIEN ESCASO. La tierra en Uruguay es un bien escaso y ha sufrido un aumento en progresión geométrica de los precios. Se estima que en diez años el precio subió entre 5 y 8 veces, según la región del país.

La primera sentencia de la Suprema Corte fue emitida el lunes 18 de febrero y favoreció a un productor de Artigas de 3.000 hectáreas que había impugnado la ley. Los ministros Jorge Larrieux, Jorge Chediak, Jorge Ruibal y Julio Chalar declararon inconstitucional el ICIR, mientras Ricardo Pèrez Manrique quedó en minoría.

Según publica hoy Búsqueda, se espera que la corporación entienda en dos o tres casos más y que el resto tengan un pronunciamiento de “resolución anticipada”

Según la mayoría los artículos 1 y 2 de la ley del ICIR -la 18.876- violan los artículos 297 y 298 de la Carta Magna.

La pregunta que todos se hacen ahora es si se hará lugar o no a los restantes 126 recursos de impugnación ya que cada uno conlleva los argumentos del jurista consultar. Entre los principales asesores de los productores están Gonzalo Aguirre, el estudio Posadas, Posadas & Vecino, entre otros.

La segunda pregunta apunta a si el Ministerio de Economía devolverá el dinero pago de la primera cuota del ICIR a todos los productores rurales, aún a aquellos que recurrieron ante la justicia. Son unos 1.000 contribuyentes que pagaron más de 9 millones de dólares.

Para la Corte, la Constitución habilita a fijar un adicional sobre los impuestos que administran los gobiernos departamentales, pero no admite la creación de un nuevo tributo.

El vicepresidente Danilo Astori planteó que se aplique un impuesto a la renta de la producción agropecuaria en lugar del ICIR, pero en el seno del gobierno hay otras ideas como gravar con el Impuesto de Primaria a los productores rurales.

El presidente Mujica agregó nuevas ideas al frondoso panorama. Ante los intendentes, el domingo último, propusó volver a pensar en el esquema “rompe-paga” para grandes productores y transportistas, es decir el establecimiento de un impuesto directo para utilizar en infraestructura.

Para el astorismo no es lo mismo que pague igual el que carga granos que el transportista de piedra, porque tienen rentabilidades diferentes, algo que también pasaba con el ICIR.

La linealidad del planteo vuelve a enfrentar a ambos bandos, que pasan por el peor momento en mucho tiempo.

Mientras tanto, las intendencias ya lanzaron sus licitaciones para la compra de maquinaria. El gobierno estima que la caída del ICIR implicará dos años de retrasos en el plan de vialidad, lo que equivale a decir que la Administración Mujica no verá finalizada su obra.

La Intendencia de Durazno ya planificó un gasto de 2.5 millones de dólares para la compra de maquinarias y no planea suspenderla por la nueva coyuntura.

Pero otros intendentes miran con incertidumbre el panorama, más allá que desde la Administración Mujica les digan que el compromiso no ha terminado por la decisión de la Suprema Corte.

El ICIR -que implicó un acuerdo político parta derogar el Impuesto a los semovientes que cobraban las intendencias- es parte de la estrategia de Mujica de establecer una lianza política con los jefes comunales del interior, un paquete en el que están incluidos la Patente Única y la Universidad Tecnológica.

Detrás de estos acuerdos está el interés político del presidente de romper la lógica opositora de los partidos tradicionales.

Hoy en el semanario Búsqueda se publica un informe en el que se da cuenta de los reproches de la cúpula del Partido Nacional a los intendentes del sector por la nueva cercanía con Mujica.

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