leé la proclama

"Grave crisis política y deterioro institucional": la proclama del PIT-CNT en movilización contra el gobierno

El PIT-CNT se refirió a una "crisis extremadamente grave" y pidió al gobierno de Luis Lacalle Pou "que termine con las mentiras" y "se haga cargo".

Una movilización "en defensa de la democracia y contra la corrupción", convocada por el PIT-CNT, se realizó en la tarde de este lunes en el Centro de Montevideo. Elbia Pereira, secretaria general, dijo que exigen respuestas al gobierno tras varios casos que derivaron en una crisis política.

"Nuestro país atraviesa una grave crisis política y un deterioro institucional por responsabilidad del gobierno. Estamos aquí para defender nuestro derecho a saber toda la verdad", indica la proclama.

El texto incluyó menciones al caso Astesiano, la entrega del pasaporte a Sebastián Marset y la situación de Carlos Taroco –vinculado al caso del exsenador Gustavo Penadés–. También a casos de nepotismo en la Intendencia de Artigas y el caso de Salto Grande.

En concreto el escrito refiere a una "crisis extremadamente grave" y una "trama de mentiras y ocultamientos".

Leé aquí la proclama del PIT-CNT que fue leída en la plaza Cagancha (las mayúsculas y negritas, así como todo el formato del texto, corresponde al texto original facilitado a Subrayado).

Proclama 13-11-23

Buenas tardes, compañeras y compañeros. El movimiento popular está nuevamente en las calles siendo fiel a su historia en defensa de la democracia, de los derechos de las y los uruguayos, y del legado artiguista que nos marca el camino.

Estamos aquí porque nuestro país atraviesa una grave crisis política y un deterioro institucional por responsabilidad del gobierno. Hablamos del caso más escandaloso dentro de una larga sucesión de eventos de corrupción protagonizados por distintos estamentos del Poder Ejecutivo, ante el cual debemos decir con claridad que debe llegarse hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos, incluyendo las responsabilidades de todas las personas involucradas y del propio presidente de la República.

En definitiva, estamos aquí para defender nuestro derecho a saber toda la verdad.

Esta crisis extremadamente grave —que afecta, además, la credibilidad de nuestro país y su proyección en la región y en el mundo— está, como todos sabemos, vinculada a la INJUSTIFICABLE decisión del gobierno de entregar un pasaporte —en tiempo récord— a uno de los mayores narcotraficantes del continente, Sebastián Marset, que estaba preso en Dubái y ahora está libre y prófugo gracias a que el gobierno uruguayo le facilitó un pasaporte.

A esto se suma una verdadera trama de mentiras y ocultamientos. El Poder Ejecutivo diseñó mecanismos para mentirle al Parlamento de la República, que es la expresión de la soberanía de la nación, y para ocultarle información al Poder Judicial. De esta manera, burló a los otros poderes del Estado en los cuales se organiza hoy la democracia.

Luego de esto, el gobierno negó las mentiras o, como sucedió en la conferencia de prensa dada por el presidente Lacalle Pou, aceptó livianamente algunos de los hechos, negando sus implicancias, su trasfondo, la seriedad del problema planteado y su obligación de rendir cuentas con responsabilidad y rigurosidad a la ciudadanía.

“Pasé por la reunión” dijo el presidente, en referencia a la reunión que él mismo ordenó convocar en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, con los entonces viceministros Carolina Ache y Guillermo Maciel. Y reconoció que fue él quien la convocó. “Pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción”, agregó. Ante esto, con absoluta perplejidad, nos preguntamos: ¿de qué trabajo y de qué acción habla el presidente? ¿será de la mentira coordinada y del ocultamiento de prácticas que propiciaron la liberación de un narcotraficante?

Estamos aquí para reclamar que terminen con las mentiras y se hagan cargo. Estamos aquí para que el Poder Judicial vaya a fondo en esta causa, sin importar la jerarquía de los implicados.

Repasamos: hay un conjunto de hechos muy graves, que ya están comprobados, no están en discusión. El gobierno le entregó un pasaporte a un narcotraficante que ahora está prófugo. El gobierno le mintió al Parlamento y a la ciudadanía, y lo sigue haciendo. El gobierno intentó ocultar pruebas a la Justicia. Elaboró una estrategia institucional, política y comunicacional, con participación directa de Presidencia de la República, para mentir, ocultar y destruir pruebas. El gobierno ordenó a funcionarios públicos que destruyeran esas pruebas. El principal asesor presidencial, Roberto Lafluf, destruyó un documento público que formaba parte de un expediente. El presidente dijo que solo había destruido una hoja, que era un documento autentificado por una escribana y que no integraba un expediente. MENTIRA. Fueron 12 hojas, que justamente contenían los chats que probaban que el gobierno sabía quién era Marset y estaban, efectivamente, en un expediente.

Por otra parte, al volver —tardíamente— de su viaje, el presidente Lacalle Pou comunicó que aceptaba las renuncias de dos ministros, un viceministro, de las estratégicas carteras del Interior y Relaciones Exteriores, y la de su principal asesor y uno de los operadores políticos más cercanos, pero intentó convencernos de que todos habían actuado bien, dentro de la legalidad. Algo que es, a todas luces, cuando menos, ridículo.

Pero esto no es todo. El presidente volvió a mentir al referir a una supuesta obligación que tenían de entregar el pasaporte al narcotraficante Marset. Dijo que según la normativa no podrían haber hecho otra cosa: FALSO. Hace tiempo que sabemos que eso es mentira, que el decreto en el que se basan para fundamentar la entrega les hubiera permitido otorgarle un documento para un viaje único con destino a Uruguay o, amparados en una situación de excepcionalidad, demorar o no entregar el pasaporte.

Además de seguir mintiendo, el gobierno pretende cerrar la crisis y dar vuelta la hoja. La coalición de gobierno en el Parlamento, con sus votos, impidió que se discutiera en ese ámbito sobre esta grave crisis, reclamando las necesarias respuestas.

Pero nosotros vinimos para decir que no hay vuelta de página posible, que si no quieren discutir en el Parlamento vamos a discutir en la calle, en el boca a boca, en cada lugar de trabajo, en cada cooperativa, facultad o centro de enseñanza y en cada barrio, y que vamos a reclamar todas las respuestas.

No alcanza con las renuncias de los ministros, los viceministros y el asesor presidencial. Menos aun cuando se dice que todo estuvo bien y que actuaron dentro de la ley.

Para terminar, como dijimos al comienzo, debemos señalar que este caso de corrupción evidente no es un hecho aislado. Son muchos los casos de opacidad y de corrupción en los que se ha visto involucrado este gobierno:

- La asociación para delinquir encabezada por el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Astesiano, en Presidencia de la República, desde la que se entregaron pasaportes falsos, se espió a senadores, al presidente del PIT-CNT, a profesores y estudiantes, y se intervino en licitaciones.

- La trama montada, utilizando el aparato del Estado, para intentar proteger a Gustavo Penadés, condenado por delitos aberrantes, espiando y presionando a sus víctimas.

- La entrega de la principal operativa del puerto a la trasnacional Kaoten Natie por 60 años, en medio de negociaciones y acuerdos secretos.

- La contratación con sueldos onerosos de militantes de una lista herrerista en Salto Grande, por Carlos Albisu.

- Los casos de nepotismo en el ingreso a la Intendencia de Artigas de Pablo Caram.

- La contratación por el ex ministro Germán Cardoso de una empresa fantasma de publicidad, en medio de la pandemia.

- La entrega de viviendas a dedo a militantes de Cabildo Abierto por Irene Moreira.

La corrupción, el uso del Estado, de sus estructuras y sus recursos para favorecer a amigos y socios parece ser un componente casi permanente de la política del gobierno. Es una manera de ejercer el poder. La corrupción no está disociada, sino que es parte de un ejercicio del gobierno para favorecer a los poderosos; es un componente del modelo de la desigualdad. No se pueden ver como cosas separadas.

Para algunos, para maximizar la ganancia, cualquier forma vale. PARA NOSOTROS NO, compañeras y compañeros. Para el pueblo, el objetivo supremo es el bien común. Y la democracia es el único camino a transitar hacia un programa de transformaciones profundas para las grandes mayorías.

Compañeras y compañeros: estamos aquí para reclamar que se termine con la corrupción y para defender la democracia. Contra la corrupción, el favoritismo a los poderosos, la desigualdad, las actitudes que vulneran la separación de poderes, que avasallan al Parlamento y atacan al Poder Judicial, deterioran la democracia y la vacían de contenido.

Las y los trabajadores, estudiantes, cooperativistas y el movimiento popular en su conjunto siempre han estado en la primera línea de la defensa de la democracia, aun en los momentos más duros. Y la defendimos en la calle, asumiendo todos los riesgos.

Hoy estamos nuevamente en la calle y no nos vamos a callar.

Vinimos a reclamar fuerte y claro: basta de mentiras. Que actúe el Poder Judicial, cueste lo que cueste.

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