INTERIOR Y CANCILLERÍA

Gobierno trabaja en nuevo decreto sobre pasaportes tras polémica con narco uruguayo

"La actuación de Cancillería y del Ministerio del Interior fue ajustada a derecho. En nuestro país, en el momento que se solicita no tenía causas abiertas", afirmó subsecretario del Ministerio del Interior.

Luego de la polémica por brindarle el pasaporte a un narco uruguayo detenido, el gobierno introducirá modificaciones a la normativa vigente. Actualmente desde el Ministerio del Interior y Cancillería se analizan estos cambios y el subsecretario Guillermo Maciel dijo que en el decreto vigente solo se solicita no tener antecedentes en Uruguay.

Este derogaba un decreto previo, de 1993, donde no se podía tener antecedentes en ningún lugar, algo que para las autoridades cambiado la actuación ante Sebastián Marset en Emiratos Árabes, por lo que se busca recuperar esa solicitud trabajando en un texto nuevo. "La actuación de Cancillería y del Ministerio del Interior fue ajustada a derecho. En nuestro país, en el momento que se solicita no tenía causas abiertas, habían sido sobreseídas otras y no había requisitoria internacional”, explicó Maciel.

Las modificaciones en el texto nuevo tienen que ver con que “a los mayores de 18 años se les va a exigir carecer de antecedentes judiciales no solamente en nuestro país, no encontrarse privado de libertad -como en el caso de Marset-, carecer de orden de cierre de fronteras, así como la inexistencia de requisitoria u orden de captura a nivel nacional e internacional. Estas exigencias mucho más severas evitarían que ocurrieran casos como el de este ciudadano uruguayo que hoy está requerido por Interpol”, detalló el subsecretario.

Lo que sí estará habilitado, como en el decreto actual, es que el ciudadano regrese a su país de origen, sin pasaporte.

Sebastián Marset también es investigado como uno de los responsables de las amenazas a la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, y como el actor intelectual del ataque con granadas a la brigada antidrogas. Pero, indicó Maciel, “este ciudadano no estaba ni formalizado ni condenado, por lo tanto como decía la normativa, no tenía antecedentes en nuestro país. Salvo que la Justicia hubiera dispuesto que no se le entregara pasaporte”.

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