Gobierno quiere “urgente” una ley "corta” de comunicación

Según dijo, también dejará establecido “el papel que juega Antel, si habrá monopolios y si los va a haber en todos o algunos sectores”.

Además servirá de garantía para que “toda la población pueda acceder a servicios de banda ancha y telefonía” y determinará “quiénes tienen que aportar a esos servicios y quién los ejecutará”. 

“Tenemos que definir esto y de allí surgirán las relaciones con los contenidos. Es un panorama complejo pero tenemos que separar: no existe ninguna discusión sobre una ley de medios, nuestra preocupación es de otro orden”, agregó el presidente.

Mujica reiteró varias veces que en el gobierno no se trabaja en una ley de medios similar a la de la República Argentina.

De esos trascendidos acusó a los medios de comunicación. “Creo que parte de la prensa, y creo que con un sentido opositor, tiende a trata de asociar lo que se piensa y lo que se hace en esta materia en Uruguay con un fenómeno de gran tensión que es la ley de medios que se discute en Argentina. Hay una tentativa de emparentar cosas que son francamente distintas”, aseguró.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  Mujica aclaró que la Presidencia junto al Ministerio de Industria trabajan para elaborar la “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” para “asegurar igualdad de oportunidades, par repartir de manera más justa el espectro, tratando de reequilibrar un sistema de medios que nos parece está concentrado sobre todo en televisión y en los hechos centraliza la producción de contenidos y las agendas informativas en pocos medios, sobre todo en la capital”. 

“Un nueva ley para estas cuestiones, no se tiene que ocupar solo de la radio y la televisión abierta, sino que tendrá que tener en cuenta que cualquiera sea la tecnología que use la televisión -aire, cable o Internet- se deberían adoptar ciertos principios generales de regulación para no tener que andar cambiando cada vez que aparece un avance tecnológico”.

DERECHOS Y OBLIGACIONES. El presidente aclaró que esta ley intentará promover en todo lo posible la producción nacional de contenidos, y explicó que la norma es “parte de la defensa de nuestro patrimonio cultural y de nuestro perfil como pueblo”.

“No es una tentativa de acallar a los dueños pero va a procurar plantearles que tienen obligaciones y responsabilidades con la sociedad. Hay que proteger el derecho de las personas, de los niños y las niñas, el derecho de los discapacitados. Hay que en alguna medida regular la publicidad y el derecho fundamental de acceder a acontecimientos de altísimo nivel general. En esto hay choques de intereses y por eso necesitamos marco jurídico”, concluyó.