Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía

Hasta al momento se realizaron tres transferencias al astillero, por una suma de 30 millones de dólares en total.

El prosecretario Jorge Díaz explicó los indicios que llevaron a esta resolución. Sobre el contrato, explicó que "en un plazo de 45 días la empresa Cardama Sociedad Anónima tenía que presentar una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones en el contrato, que equivalían al 5% del total de la obra" y que esto no lo cumplió, y que solicitó varias prórrogas, que "se transformaron en 11 meses", cuando el compromiso era tener "el primer barco en 18 meses".

Díaz informó además que "en el primer y segundo intento de constitución de una garantía, el Ministerio de Defensa Nacional de la época consultó al Banco Central y la entidad aconsejó no llevar esas garantías y sugirió al Ministerio de Defensa Nacional la contratación de un estudio jurídico y un corredor de seguros, para asesorar al Ministerio de que la garantía fuese la correcta".

"Venció el plazo y Cardama no había ofrecido una garantía que fuera suficiente, ya vencido el plazo presentó una garantía de fiel cumplimiento, que era la empresa Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido, y pese a presentarla fuera de plazo, pese a que se presenta un documento en inglés, no traducido, no apostillado y no certificado que quien firmaba el documento tenía la debida representación de la empresa, todo eso fue señalado en su momento por el estudio Delpiazzo en sucesión de correos electrónicos" y que la garantía no cubría todo el contrato, "igualmente se aceptó, con la condición de que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento".

Díaz informó que ante la fecha, el presidente firmó una resolución para ejecutar la garantía y dio instrucciones al embajador en Reino Unido, Luis Bermudez, para que fuese a las oficinas de la empresa de la Eurocommerce, para notificar que se depositara el dinero de la garantía en una cuenta del Estado uruguayo. En esa instancia, en el domicilio especificado, no funcionaba la empresa.

"No funcionó nunca en ese lugar esta empresa, sino que allí funciona una inmobiliaria", aseguró Díaz.

Ante esto, se consultó al estudio londinense Arnold & Porter por un informe primario sobre la empresa. "Esta empresa Eurocommerce está en proceso de liquidación", afirmó Díaz.

"El único director de la compañía es un ciudadano ruso, que vive en Rusia", y la empresa funcionó con un solo funcionario por tres años y que "no registra prácticamente actividad".

"Hay indicios fuertes de que es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude al Estado uruguayo pues esta garantía no existiría según lo que se nos informa", agregó el prosecretario.

El proceso de recisión del contrato con Cardama es "por incumplimiento de las obligaciones" y se inicia en tribunales nacionales.

Ante lo expuesto por el gobierno, se realizará la denuncia penal. También se dispondrá que haya investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República, sobre los procedimientos de pago realizados hasta la fecha.

"Es un procedimiento absolutamente diferente al procedimiento regular en la Administración pública. En lugar de ser el Ministerio de Defensa que paga cada vez que se cumple con los hitos contractuales, se estableció un procedimiento por parte del gobierno anterior, que implica que el Banco República abrió una cuenta en euros, donde se deposita ese dinero, y que luego los pagos se efectúan una vez que la empresa constructora notifica a un banco en Madrid de que el cumplimiento del hito", sostuvo Díaz.

En Reino Unido, se instruirá al embajador a "examinar las acciones legales sugeridas por el estudio inglés".

El secretario Sánchez se refirió a que el astillero Cardama fue seleccionado por el gobierno anterior, porque "en 18 meses podía construir una OPB, pero es el mismo astillero que demoró 11 meses para poder constituir sus garantías de fiel cumplimiento, y que en definitiva esas garantías que se presentaron, no se tomaron los recaudos por parte de la Administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación".

"Estamos ante un hecho muy grave, estamos muy preocupados, y lo que ha instruido el presidente de la República, es que el Estado uruguayo resguarde los recursos del pueblo uruguayo", dijo Sánchez.

Díaz remarcó que la información disponible públicamente respecto a la empresa de la garantía es "falsa".

"Estábamos en una situación de absoluta orfandad, en el sentido de que presuntamente tenemos una garantía, pero es de una empresa que todos los informes nos dicen que está en proceso de liquidación por inactividad. Sus cuentas no reflejan ningún tipo de actividad. No figura en los registros como una empresa financiera", detalló.

"Nunca debió haberse aceptado una garantía de una empresa con estas características y que además en un documento que no estaba traducido, que no estaba apostillado, y que no estaba acreditada la representación de la empresa. Eso en los aspectos formales. Ya no hablo de las cuestiones sustanciales que tienen que ver con la capacidad de pago de esta empresa", dijo Díaz.

Hasta el momento, el gobierno no se ha comunicado con la administración anterior.