Garcé pide control militar en acceso y egreso a las cárceles

Sostiene además: "si bien se mantiene la confianza en el personal, se recomienda trabajar en la neutralización de elementos desleales que podrían estar facilitando el ingreso de armas de fuego y drogas en algunos establecimientos".

Dice que la fuga "constituye un hecho grave; sólo por azar y fortuna no resultó abatido un funcionario al repeler la agresión".  Por otro lado destaca el procedimiento de búsqueda, hallazgo y captura de los fugados, que fue inmediato, eficaz y conforme a Derecho.

Elogia el accionar del Coordinador del Área Metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación, Insp. Gral (r) Eduardo Pereyra Cuadra, y dice que el uso de la fuerza con resultado letal -fallecimiento de un interno- se produjo en un contexto de riesgo para los funcionarios, quienes respondieron en forma racional, proporcional y progresiva.

Para mitigar rápidamente los efectos y las fallas que desnudaron esta fuga, Garcé sugiere lo siguiente: "La aplicación de la ley 18.717, que faculta al personal militar el control de acceso y egreso de personas y vehículos a las cárceles, constituye al respecto la alternativa más completa e inmediata".