El fiscal de 2o turno, Joaquín Suárez, solicitó al juez de feria incautar los equipos de fotomultas que estaban siendo retirados esta mañana por la empresa privada contratada por la Intendencia de Río Negro.
Fotomultas en Río Negro: Fiscalía incautó los radares y la Justicia ordenó pericia de todos los elementos
"Se realiza un correcto y total relevamiento de las mismas y en primera instancia determinar si había autorización o no para el retiro de las mismas", dijo el fiscal del caso, Joaquín Suárez.
La Justicia ordenó a Bomberos y Policía Científica, la pericia de todos los elementos incautados e incluso aquellos que aún permanecen en las columnas.
Los vecinos habían hecho una denuncia judicial por las fotomultas. Las autoridades de la empresa dispusieron quitar las cámaras y los radares vinculados a esa fiscalización, a primera hora de este viernes, y los vecinos consideraron que los aparatos son prueba para la investigación. Por lo tanto, pidieron a la Fiscalía que los incaute.
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Subrayado accedió a imágenes donde se observa a funcionarios cortando cables y sacando cámaras y radares. Fueron cargados a una camioneta.
"Se realiza un correcto y total relevamiento de las mismas y en primera instancia determinar si había autorización o no para el retiro de las mismas", dijo el fiscal del caso, Joaquín Suárez.
Los denunciantes dicen que es la manera de probar las irregularidades, porque sostienen que son material de contrabando. Piden investigar si el sistema funciona correctamente o si facturó miles de multas de forma ilegal.
El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, rescindió el contrato y hará un nuevo llamado a licitación. Es el anuncio que tenía previsto hacer cuando concurra el 16 de enero a la junta departamental.
En paralelo, avanza la investigación judicial.
La ciudadanía entiende que la finalización del contrato con la empresa es un "triunfo", trasladaron algunos de los denunciantes. Ahora pretende que la Justicia determine las responsabilidades, si existió ilegalidad en la implementación del sistema.
Lafluf dijo este viernes que no es una rescisión del contrato, sino "otro argumento jurídico". Ratificó que hará un llamado a licitación. "Estoy para defender a la gente, no a la empresa".
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