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Fiscal de Corte con Lacalle Pou para advertir sobre los cambios al Código del Proceso Penal

Jorge Díaz quiere advertir al presidente electo sobre los efectos de limitar los procesos abreviados y otros instrumentos a derogar por la LUC

El fiscal de Corte Jorge Díaz planteará este lunes a Luis Lacalle Pou una serie de advertencias sobre los cambios que se propone el gobierno electo en el sistema de administración de justicia. El encuentro tendrá lugar a la hora 17.

Uno de los temas es que la ley de urgente consideración (LUC) propone limitar los procesos abreviados para los delitos con una pena máxima de tres años.

Los juicios abreviados hoy representan más de 90% de la resolución de los casos.

Si los cambios se aprueban, 1.500 procesos por rapiña que hoy están en el régimen de abreviados y van a pasar a ser objeto de investigación y juicios orales.

En los últimos días los semanarios Brecha y Búsqueda divulgaron detalles de un informe interno de la Fiscalía en la que se analiza punto por punto los cambios que plantea el gobierno electo.

Hay que señalar que delitos como homicidios y copamientos están ya fuera del radar de los procesos abreviados. No así la rapiña, es decir el robo con violencia, que de esta manera ya no podrá ser parte de este instrumento.

"Deben tenerse presente que que el juicio oral es la vía procesal más costosa en términos de tiempo y recursos", advierte Fiscalía en un informe interno del Ministerio Público que divulgó Búsqueda.

Díaz considera que muchos de esos cambios al Código del Proceso Penal (CPP) son "inconstitucionales" y que van a generar mayores trastornos en la tarea de los fiscales.

De acuerdo al jerarca, estos cambios vulneran puntos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La ley de urgencia propone además crear un procedimiento extraordinario para situaciones de baja complejidad y eliminar la suspensión condicional del proceso, el régimen de libertad vigilada y el principio de oportunidad.

La libertad vigilada se aplica a personas con penas de hasta 5 años de prisión. Pueden cumplir su pena en libertad, pero quedan sometidas a un plan de intervención de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, del Ministerio del Interior. Si incumplen las exigencias deben volver a la cárcel.

SUSPENSIÓN CONDICIONAL

Fiscalía también cuestiona que se haga la acusación por parte del fiscal luego de la producción de la prueba del caso.

El informe señala: "Tal cuestión vulnera un principio fundamental de un sistema procesal penal: el principio acusatorio, ya que se produce prueba contra un imputado que aún no ha sido acusado por quien detenta la titularidad de la acción penal". Además agrega que viola el artículo 22 de la Constitución, que establece que "todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público".

"Esto implica que el proceso extraordinario tal como se proyectó, es inconstitucional", señala la Fiscalía.

El gobierno electo también propone en la ley de urgente consideración derogar la suspensión condicional de proceso, un instituto reservado a delitos leves

El imputado debe asumir obligaciones como reparar el daño, someterse a tratamientos psicológicos o de desintoxicación, o realizar tareas comunitarias.

De aprobarse el nuevo escenario, los fiscales deberán investigar todos los delitos, sin excepción. Hasta ahora el fiscal tenía la posibilidad de utilizar el principio "de oportunidad" para faltas o delitos leves.

Penalistas consultados creen que los cambios que el gobierno electo propone traerán como consecuencia mayor prisionalización y más problemas de funcionamiento a las fiscalías.

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