COMUNICADO

Familiares de militares presos por crímenes de la dictadura se reunieron con Lacalle Pou

Aseguran que sus familiares enfrentan una "situación de ilegalidad y arbitrariedad" , apuntan a "violaciones e infracciones cometidas por el Poder Judicial y la Fiscalía" y reclaman la liberación de los militares.

Un grupo de familiares de militares presos por delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) se reunió el martes con el presidente Luis Lacalle Pou.

El encuentro fue “para informarle y denunciar la gravísima situación que están padeciendo ciudadanos uruguayos en Uruguay –nuestros familiares–, privados de libertad en forma ilegítima y arbitraria, a consecuencia de denuncias por hechos acaecidos durante los años 70 y 80”, afirma el grupo que se autodenomina “Familiares de Prisioneros Políticos”.

“Nuestro reclamo es en defensa de la vida y la dignidad de nuestros prisioneros políticos –cuyo promedio de edad es 77 años–; en velar por los derechos y garantías que deberían asistirles en un Estado de Derecho y en procura que cesen las consecuencias negativas que sufren en clara violación de la normativa nacional e internacional suscrita por Uruguay (incluyendo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores)”, agrega.

El grupo reclama una solución con carácter “grave y urgente” que “ponga punto final al avasallamiento de sus derechos”. Los familiares recuerdan que la Ley de Caducidad fue legitimada en dos oportunidades por la ciudadanía con una diferencia de 20 años. Consideran que la norma “desplegó efectos y generó derechos irrevocablemente conferidos”.

Recuerdan que en 2011 se aprobó una ley interpretativa “por una mayoría circunstancial”. El “restablecimiento de la Pretensión Punitiva del Estado” se aprobó “desoyendo las dos consultas populares y retrotrayendo su aplicación a hechos ocurridos hace 50 años. Esto violenta los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica pilares del ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

El grupo “Familiares de Prisioneros Políticos” asegura que, tras haber sido declarada “inconstitucional e inaplicable para la mayoría de los juicios que se les siguen a los prisioneros políticos, es utilizada por jueces que desacatan los fallos de la Suprema Corte de Justicia ante la pasividad de todo el sistema estatal”.

Detallan otros aspectos jurídicos, los que consideran ilegales, y que se aplican a los procesos de sus familiares.

“La aplicación en forma retroactiva de la ley penal más gravosa y no la aplicación de la ley más beneficiosa, en evidente contradicción con el derecho vigente”, “la inversión del principio de la carga de la prueba”, “los procesamientos y las condenas por delitos comunes ya prescritos”, y “la negación de acceso a los regímenes: a) de libertades, b) de penas alternativas a la prisión, c) de salidas transitorias; aun cuando se cumple con todos los requisitos legales para que se les apliquen dichos institutos”.

“Entendemos que nuestro requerimiento trasciende la situación de ilegalidad y arbitrariedad contra nuestros familiares, desde que las violaciones e infracciones cometidas por el Poder Judicial y la Fiscalía afectan el normal funcionamiento del Estado de Derecho”, finaliza.

Comunicado Familiares Prisioneros Politicos por reunión Presidente.pdf

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