El diputado Víctor Semproni se mantiene firme. Por más que el Plenario del Frente Amplio ratifique -como seguramente lo hará- el mandato para sancionar la ley interpretativa de la Constitución que anula la ley de caducidad, el legislador no dará su apoyo a la norma.
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FA decide anular caducidad pero ahora le falta un voto
El Plenario decidirá mandatar a votar la ley interpretativa que anula la ley, pero al menos un diputado no votará la iniciativa por más que se lo mandate.
De esa manera, con una mayoría que es exigua, el FA no estará en condiciones de aprobar la iniciativa. Semproni se expondrá así a sanciones dentro de la fuerza política, pero no le importan. "Yo no forma parte de la orgánica del Frente Amplio, por lo que no estoy obligado a votar", dijo el diputado a Últimas Noticias. El legislador pidió varias veces el ingreso a la fuerza política pero no se lo habilitaron aún.
Desde Perú, Semproni ratificó a Subrayado que tal como está diseñado el proyecto, él no lo votará. Dijo que él, antes de irse, dejó previstas algunas alternativas para las que podría prestar su voto. No quiso decir cuáles son.
Mujica excluyó caso Balbi de la ley de Caducidad
PLENARIO. El jueves a la tarde, la Mesa Política del Frente Amplio resolvió llamar a un Plenario Nacional para este sábado, a las 13 horas. En esa oportunidad, el máximo órgano de la fuerza debatirá tres alternativas: por un lado, la propuesta del presidente José Mujica de no votar nada; por otra parte, se analizará la propuesta de Jorge Brovetto de modificar los actos administrativos de gobiernos anteriores y derogar la ley de caducidad; y finalmente se debatirá la propuesta de la Vertiente Artiguista de modo que después que se vote la ley interpretativa en el Parlamento se llame rápidamente a referéndum.
Esta última alternativa prevé convocar a un referéndum por la vía rápida, para lo que se necesita modificar la legislación vigente, de modo que los propios legisladores puedan solicitarlo ante la Corte Electoral.
En caso de que ello ocurra, los legisladores con su mayoría estarían enviando una petición de referéndum a la Corte y ésta llamaría a elecciones. Si se pronuncia más del 25% de los habilitados para votar a favor de la idea de hacer un referéndum, se haría una consulta popular para que la ciudadanía defina si continúa con vigencia el proyecto interpretativo.
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