Acodike Supergás deberá pagar una sanción ejemplarizante por la explosión ourrida en un local de Durazno en el que murieron dos personas y otras dos quedaron heridas de gravedad.
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Explosión en Durazno: Acodike recibirá dura sanción del Estado
Por el hecho que generó dos muertes. URSEA planea aplicar multa ejemplarizante. La negativa de la cámara a pagar las inversiones necesarias en seguridad.
El hecho ocurrió el 20 de febrero y podría haberse evitado, a juicio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía (URSEA).
Con una inversión de 2.000 dólares, la distribuidora duraznense hubiera tenido normas de seguridad exigidas, señala hoy La Diaria en un informe especial.
¿Quién debía pagar esas inversiones? Acodike Supergas S.A. Pero el hecho tenía un antecedente.
Las cuatro empresas que integran la Cámara del Gas Licuado se negaron a desembolsar 12 millones de dólares para mejorar la seguridad de sus 637 puntos de venta. Las empresas pretendían que el gasto corriera por cuenta de Ancap.
Acodike es la principal operadora del mercado nacional, con ingresos líquidos anuales por 20 millones de dólares.
La empresa está en pleito tanto a nivel penal, civil y administrativo, y desde URSEA se anuncian sanciones.
Posteriormente a la tragedia de Durazno, el 5 de marzo, en pleno conflicto con los trabajadores, se firmó un acuerdo por el cual se aplicaría un programa de trabajo para el cumplimiento de las normas de seguridad.
Algunos avances se han registrado luego de la explosión de Durazno. Algunas inversiones comenzaron a realizarse.
En ese marco, ya se han clausurado dos locales en todos el país: uno en Santa Lucía y otro en San Ramón.
Una de las normas más exigidas por las autoridades es el abandono de las técnicas de cargado de garrafas por “gravedad”, es decir se coloca el tubo de 45 kilos con la válvula hacia abajo mediante poleas.
La técnica recomendada -según La Diaria- es la del “pescador”, un caño que va dentro del tubo de 45 kilos, el que se coloca vertical con las válvulas hacia arriba.
Estas normas fueron aprobadas en 2011 y se establecieron plazos para su cumplimiento. Pasado los mismos, las empresas pasaban a una “lista negra” en régimen de “habilitación provisoria”.
Luego de establecieron nuevos plazos de hasta 12 meses.
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