El impuesto a la tierra rompe la paz oficial entre Danilo y Pepe

 En principio, hay acuerdo  pretende gravar a las explotaciones de tierra mayores a 2.000 hectáreas.

 El "aporte" será en Unidades Indexadas y sería cobrado como adicional a la Contribución Inmobiliaria Rural. Gravará sobre la base del Índice Coneat y la extensión del campo, pero no sobre los activos tales como propiedades, equipamiento, etcétera.

Equivaldrá a U$S 16 por cada hectárea a los campos con más de 10.000 hectáreas, a U$S 12 por hectárea a los campos con más de 5.000 hectáreas, y a U$S 8 por hectárea a los campos con más de 5.000 hectáreas. Como adelantó a Ultimas Noticias, Mujica espera recaudar por tal concepto U$S 60 millones al año.

 La discusión quedó también abierta ayer en el seno de la bancada oficialista de la Cámara Alta, e incluso algunos legisladores adelantaron discrepancias (ver nota aparte).

 No obstante, el gobierno trató de mostrarse monolítico sobre la aplicación del impuesto.

 Pasada la hora 20 el sitio web de Presidencia publicó un documento de texto con tres párrafos donde relata de forma muy breve cómo se desarrolló el gabinete productivo. "Existió total acuerdo en el seno del gabinete respecto de la procedencia de plantear esta temática en momentos de particular crecimiento del sector (…) Luego de un intercambio de opiniones entre los diversos integrantes del gabinete, se convino que sobre esa base se realice la elaboración de las alternativas que puedan plantearse en cuanto a los instrumentos a utilizar para la consecución de dicho fin, las que se evaluarán en la próxima reunión de gabinete", indica.

 Antecedentes que nunca prosperaron

 La intención de gravar de forma diferencial las grandes explotaciones agropecuarias tiene al menos dos antecedentes históricos en Uruguay. El primero pertenece al gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco, quien en 1968 estableció el denominado "impuesto a la producción mínima exigible de las explotaciones agropecuarias". El mismo gravó los campos mayores a 2.500 hectáreas mediante franjas, de una forma similar a la que ahora propone Mujica. Tenía como objetivo frenar la concentración de la tierra, pero a juicio del hoy tesorero de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Héctor Álvarez, "lo único que generó" fue una mayor concentración de la tierra. Lo cierto fue que años más tarde, en 1979, el impuesto cayó.

 El otro planteo surgió del líder histórico del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, quien propuso en su programa de gobierno para las elecciones de 1971 ("Nuestro compromiso con usted") impedir la adquisición de campos de más de 2.500 hectáreas y, a la vez, gravar con un impuesto diferencial los existentes de antemano. Si bien la iniciativa del nacionalismo era más radical, el presidente Mujica admitió haber tomado el punto de partida de 2.500 hectáreas del documento escrito por Wilson y su compañero de fórmula, Carlos Julio Pereyra, para elaborar su propuesta.