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El delito le costó a Uruguay US$1.200 millones en 2010
Un estudio realizado por el Cinve concluye que se gastó esa cifra en el 2010, un 3% del PBI del país.
El estudio fue realizado por investigadores del Centro de Investigaciones Económicas y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID.
Diego Aboal, Jorge Campanella y Bibiana Lanzilotta, con la colaboración de Magdalena Domínguez y Maren Vairo, llegaron a una serie de conclusiones.
De acuerdo los resultados, el costo del delito en Uruguay ascendería a 3,08% del PIB uruguayo. La mayor parte de ellos corresponde a los costos asociados a la anticipación del crimen (1,90% del PIB) y más de dos tercios del restante 1,19% se asocian a los costos como consecuencia del crimen.
Dentro de estos costos, la mitad corresponden a la partida correspondiente a bienes robados (0,4%).
Cabe destacar que el costo de salud asciende 0,3% del PIB, considerando tanto el costo por homicidios y por
lesiones. Por último, menos 0,4% del PIB se asocia al los gastos en respuesta al crimen, es decir, gastos en justicia, incluyendo sistema de reclusión y rehabilitación).
El documento señala que de acuerdo con los cálculos que se realizaron, a consecuencia de crímenes sobre los bienes y las personas superó los 1.200 millones de dólares en el año 2010, equivalentes a 3,1% del PIB nacional.
Los expertos dieron a conocer conclusiones sobre el trabajo. Los delitos contra la propiedad son los que causan un mayor costo. Sólo los costos asociados al valor de los bienes robados alcanzan los 158 millones de dólares. Por otra parte, si bien no es posible contar con una estimación precisa de que proporción de la seguridad privada está motivada por este tipo de delitos, se considera que “representa una porción importante de los 214 millones de dólares destinados a tales efectos por parte de los hogares y las empresas”.
Por otra parte, los homicidios ocupan el primer lugar en el ranking de los costos intangibles de la criminalidad y violencia. Con una pérdida estimada cercana a los 49 millones de dólares anuales, son los que más impactan en la estructura de los costos intangibles.
La violencia doméstica, con un costo intangible estimado de 39 millones de dólares ocupa el segundo lugar en este ítem. El documento señala que “es un área donde el fortalecimiento de las tareas de prevención y educación está justificado desde el punto de vista de su alto costo económico, más allá de otras consideraciones”.
En el estudio se asegura que “políticas que promuevan el trabajo de los reclusos y su capacitación podrían llevar a la reducción del costo implícito o intangible de la criminalidad. Esta reducción de costos podría ser aún mayor que el costo de oportunidad del tiempo en prisión estimado en este trabajo, ya que estas actividades impactarían probablemente en forma positiva en el perfil de ingresos dela población recluida una vez estén en libertad, y en las tasas de reinserción en actividades”.
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