El año en que casi no hubo Rendición de Cuentas: el reloj parado y la solución creativa de la "ley capicúa"

La normativa nada dice que deba ser aprobada, o sea que aunque es bueno para el espíritu republicano que el Parlamento avale lo ejecutado, eso no es necesario. Pero los gobiernos quieren aprovechar la ley de Rendición de Cuentas para hacer cambios en el Presupuesto, con vigencia al año siguiente, y eso sí requiere aprobación.

¿Qué ocurrió en el pasado? Pese a que desde la elección de 1954 no hubo gobierno con mayoría propia, siempre hubo negociación que asegurara votos para avalar el Presupuesto y también año tras año para aprobar la Rendición, con la excepción de una ocasión particular.

El año que no se pudo votar, fue en 1986, con la Rendición de 1985.

Los oficialistas colorados y los adversarios blancos negociaron durante semanas; el vicepresidente Enrique Tarigo estaba irritado, y el presidente Julio María Sanguinetti no estaba dispuesto a ceder a las demandas de los operadores wilsonistas.

El entonces director de Servicio Civil, Rubén Correa Freitas, cargaba con la culpa de haber impulsado artículos sobre Redistribución de Funcionarios Públicos, que los nacionalistas no aceptaban y eso trancaba todo.

Negociaron hasta el último momento del plazo constitucional para el Senado. En la Sala de Ministros, el vice Enrique Tarigo por los colorados y el senador Guillermo García Costa por los nacionalistas; negociaron hasta la medianoche.

Como ya se había hecho en otras ocasiones, una “mano generosa” detuvo el reloj de la Cámara Alta, para quitar drama a la negociación. Pero no hubo votos, y el tiempo tampoco puede detenerse con abuso.

Días más tarde hubo una solución mediante lo que el entonces Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, recuerda como "la ley capicúa". Colorados y blancos encontraron una fórmula polémica, con otra ley que incluyera lo que no había podido articularse en tiempo y forma.

Todo lo que iba a ir agregado a la Rendición de Cuentas fue derivado a otro proyecto, que finalmente encontró acuerdo y votos, y terminó con la promulgación del Ejecutivo, justo el día de Nochebuena de 1986.

Tuvo 231 artículos y se registró como la Ley Nº 15.851: "Se aprueban normas para asegurar el funcionamiento de los servicios estatales". Lo de “ley capicúa” es en referencia a su número.

El primer artículo sostenía: "Las partidas establecidas en la presente ley son con cargo a los recursos de Rentas Generales previstos para financiar la Rendición de Cuentas de 1985 y a valores del 1º de enero de 1986".

Desde el origen del Parlamento, su función ha sido la de autorizar al que manda sobre fijación de impuestos y gastos, y eso surge de la voluntad mayoritaria.

El gobierno, ahora, no está en riesgo de quedarse sin presupuesto, pero si quiere autorización para aumentar gastos o impuestos, debe contar con los dos votos que le faltan en Diputados, y que en los corrillos del Palacio Legislativo indican que los tiene casi seguros con los dos diputados elegidos por el lema Cabildo Abierto.

E sta nota es una actualización de una columna de Nelson Fernández en el diario El Observador de febrero de 2017.