Actualmente son doce defensores de oficio para doce juzgados de familia y esto hace imposible brindar el servicio a todas las partes involucradas, en la mayoría de los casos tres: víctima, acusado y niño.
El 90% de casos de violencia doméstica acusados no tienen abogado por falta de personal
Se necesitan por lo menos 110 cargos de abogados de oficio. La asociación que nuclea a estos profesionales evalúa elevar la denuncia contra el estado a organismos internacionales.
La asociación que nuclea a los defensores de oficio denuncia que en el 90% de las causas por violencia doméstica los denunciados no tienen abogado y esto genera una situación de indefensión que vulnera los derechos de la persona, por eso evalúan elevar la denuncia contra el estado a organismos internacionales.
En un comunicado emitido por la asociación expresan que esta situación "pone en jaque el eficaz acceso a la justicia y vulnera los derechos de los justiciables más pobres, y por lo tanto el Estado de Derecho, siendo el Estado Uruguayo responsable ante los organismos internacionales. Ante esta situación alarmante, y la absoluta indiferencia del sistema político a pesar de nuestras constantes reclamos y advertencias es que esta asociación ha resuelto poner en conocimiento a la opinión pública la situación de absoluto desamparo en la que se encuentran las personas más vulnerables en su derecho a tener una defensa gratuita".
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Joaquín Gamba, presidente de la Asociación defensores de oficio, “hemos solicitado hace muchos años, y más cuando se creó la Ley de violencia de género, que necesitábamos los cargos de defensores y nunca se creo ningún cargo de defensores para atender la demanda de esta ley. La mayoría de las audiencias se hacen si defensores básicamente para el denunciado y muchas veces también para la víctima y para los niños. Son situaciones muy complejas porque estas audiencias traen consecuencias importantes para todas las partes”. Aclaró que para resolver esta situación se necesitan por lo menos 110 cargos de defensores, que tendrían un costo para el Estado de U$S5 millones anuales.
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