Díaz: "En ningún momento, hubo por parte del astillero una intención de una presentación formal de la sustitución de esa garantía"

En relación a la garantía de reembolso financiero, que asegura que el dinero entregado por el Estado uruguayo al astillero se destine efectivamente a la construcción de las dos patrullas oceánicas, el gobierno determinó que la documentación presentada por Cardama no era una póliza. "Cuando preguntamos a los estudios jurídicos de la empresa aseguradora nos dicen que sí que existe una póliza, pero que eso no es una póliza y cuando requerimos la póliza se nos agrega un documento completamente diferente al que él agregó. Es decir, él teniendo la póliza agregó otro documento que nada tenía que ver con la póliza y que claramente esa póliza en principio parece no cumplir con lo que establece el contrato de que solamente se puede reducir con la entrega del primer buque", detalló.

Díaz agregó que la aseguradora le pidió al astillero una contragarantía para salirle de garantía de aproximadamente unos 3 millones de euros y que de los documentos surge que "esos 3 millones de euros en realidad se pagaron con dinero del Estado uruguayo, porque fueron tres pagos de aproximadamente 1 millón de euros y coinciden con el cumplimiento de los hitos. Es decir, se cumplía el hito, el Estado uruguayo pagaba, y el astillero le entregaba un 1 millón de euros a la reaseguradora", indicó. "Parecería que parte del dinero destinado a la construcción de los buques terminó en la constitución de una contragarantía", agregó.

El prosecretario remarcó que el contrato con Cardama era de suministro celebrado en el marco del TOCAF y que ahora se rescinde administrativamente por incumplimiento grave en función del artículo 70. "Por tanto, a partir desde la notificación del día de hoy el contrato no existe más", puntualizó.

Con respecto a la audiencia de conciliación, fijada para el 16 de marzo, Díaz indicó que la citación corresponde al Ministerio de Defensa Nacional y no a Presidencia de la República. Como abogado, analizó que la audiencia carecería de objeto, por la inexistencia del contrato tras su rescisión.

"El Estado uruguayo ya tomó una decisión", reiteró. Díaz sostuvo que ya se le notificó de la resolución y recordó que hubo un proceso administrativo en el que fue notificado de los actos y se le dio vista en dos oportunidades para que respondiera, y que las mismas no tuvieron que ver con lo que se le estaba dando vista.

Consultado por las críticas de la oposición, sobre que se trató de una decisión política, Díaz enfatizó que se trató de una decisión basada en argumentos jurídicos y técnicos. "Lo que está planteando la oposición desde hace ya varios días es una especie de debate político. El debate político se dará, como corresponde, en el Parlamento", dijo.

El jerarca presidencial apuntó a cuatro órdenes de responsabilidad: política, que le corresponde al Parlamento pronunciarse, donde eventualmente se formará una comisión investigadora para analizar el caso; penal, que es resorte exclusivo de la Fiscalía tras la presentación de la denuncia por parte del Poder Ejecutivo; administrativa, que tiene que ver con eventuales investigaciones internas, como las del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República, que ya se clausuraron, y la del Ministerio de Defensa Nacional, que aún está pendiente de resolución; y la civil, que comienza con la demanda que va a presentar el Estado uruguayo contra Cardama por daños y perjuicios sufridos y para recuperar el dinero invertido, unos 28 millones de euros.