Detuvieron a un hombre por el homicidio de Rodrigo "Loly" Fontana, socio de Sebastián Marset

Fontana fue asesinado de varios disparos de arma de fuego este sábado cuando se encontraba estacionado en su camioneta afuera de un restaurante en el barrio San Francisco de la ciudad de Santana do Livramento, en la frontera con Rivera.

Fontana, de 36 años, había sido extraditado desde Brasil el 23 de setiembre de 2022. Desde 2020, contaba con una requisitoria internacional de Interpol por tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos emitida a solicitud del Juzgado de Rivera de 2º turno.

En 2018, la Policía de Rivera llevó a cabo la operación "La Niña" por tráfico internacional de armas de fuego y estupefacientes, cuyo principal objetivo era Fontana.

La investigación policial determinó que el hombre recibió importantes sumas de dinero a través de giros por financieras, así como de quien era su pareja. La mujer recibió cinco giros por 1.500 dólares por parte de otra persona investigada en la operación.

En setiembre de ese año, Fontana fue identificado en la calle, pero logró huir de la Policía, no sin antes perder su celular. Los investigadores periciaron el dispositivo y de ahí surgieron pruebas de negocios del hombre, referentes a drogas y armas de fuego de alto poder en Uruguay, Brasil y Paraguay.

En 2020, la Policía realizó un allanamiento en Rivera, donde se incautaron municiones, cargadores y un giroscopio.

En noviembre de ese año, desde Buenos Aires se informó a Interpol de un movimiento migratorio de salida de Argentina el 5 de enero de 2020 en un vehículo con destino a Brasil. Con esa información, Uruguay solicitó a Interpol Brasil la localización y detención del hombre para ser extraditado.

El 4 de marzo de 2021, el hombre fue detenido en Santana de Livramento, y desde entonces se inició el procedimiento para concretar la extradición la que se concretó el 23 de setiembre de 2022.

El nombre de Fontana está asociado al Primer Cartel Uruguayo (PCU), banda a quien se le adjudica el atentado que ocurrió en 2020 en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y a la amenaza que sufrió la fiscal de Estupefacientes de 1º turno, Mónica Ferrero.