Denuncian discriminación en casino de Rivera contra los "petisos"

También denuncian el extraño criterio sostenido por Casinos del Estado para medir la estatura de los aspirantes., según publicó esta mañana el diario El País.

Damnificados y dirigentes sindicales consultados, aseguraron que el gerente utilizó tapas de CD, que miden 10 centímetros, para determinar la altura. Según explicaron el jerarca carecía de cinta métrica.

Casinos del Estado asegura que las reglas son claras, aun antes de hacer los cursos de capacitación. Entre los requisitos figura (en el numeral 3.10) "tener aptitud física que le permita desarrollar su actividad laboral de pie, buena motricidad en sus manos y una estatura mayor o igual a 1.70 metros", debiendo acreditar esa aptitud, con un certificado médico en el cual se indiquen específicamente las tres circunstancias.

Por otro lado, el numeral 3.2 del llamado se determinaba que los aspirantes debían tener entre 21 y 35 años, cumplidos a la fecha de inicio del plazo de la convocatoria.

En los últimos llamados de la administración pública, básicamente los del Ministerio del Interior, tanto de Policía Caminera como de la Escuela de Policía se han establecido estaturas mínimas para mujeres (1.60 metros) y para hombres (1.68), aspecto que también ha generado rechazo.

Según destaca El País, en el senado, el ex intendente de Rivera, Tabaré Viera (Proba, Partido Colorado) presentó tiempo atrás un proyecto de ley para suprimir este tipo de limitantes, como por ejemplo la edad, que reducen las chances de acceder a un empleo público.

En ese mismo sentido, entre 2006 y 2008 el diputado frenteamplista por Maldonado, Horacio Yanes, presentó un anteproyecto de ley que descansa en algún cajón del Parlamento.

El articulado del anteproyecto indicaba que en toda convocatoria de personal, donde se requieran condiciones "que se deriven de aptitudes", deberían especificarse los requisitos para el desempeño del cargo, así como las razones detalladas para esos requisitos.

El Ministerio de Trabajo haría la fiscalización y se preveían multas para las empresas desde 10 UR a 100 UR.

De acuerdo a aque proyecto, el producido de las multas sería repartido entre el denunciante y el Ministerio, en partes iguales. En la exposición de motivos, se indica que el proyecto busca evitar las diferencias de oportunidades, fruto de "arbitrariedades y distinciones improcedentes", al seleccionar a un aspirante.