El abogado Hoenir Sarthou, representante legal del movimiento social “UPM 2 NO” dijo a Subrayado que presentaron ante la Justicia una demanda para que la empresa y el Poder Ejecutivo indemnicen a las personas que se sientan perjudicadas por la instalación de la nueva fábrica de pasta de celulosa.
Demandan a UPM y al Poder Ejecutivo por los daños que pueda ocasionar la nueva planta
El movimiento "UPM 2 NO" le pide a la Justicia que establezca la responsabilidad de la empresa y el gobierno por los daños que pueda provocar a las personas.
“Es una acción judicial contra UPM y contra el Poder Ejecutivo reclamando que se los condene a indemnizar los daños que vayan a causar a la sociedad uruguaya”, explicó Sarthou, en referencia a eventuales perjuicios.
El abogado aseguró que la Justicia puede declarar a UPM y al Poder Ejecutivo responsables por esos posibles daños, lo que abriría la puerta a reclamos puntuales de quienes se sientan afectados por la planta que se instalará en Durazno, cerca de pueblo Centenario, sobre el río Negro.
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Sarthou también adelantó que el grupo analiza la posibilidad de proponer una reforma de la Constitución que impida a los gobiernos firmar acuerdos como el celebrado con la empresa finlandesa.
“No es posible que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con el país en un acuerdo secreto con una empresa”, apuntó Sarthou.
Según el abogado, el 15 de agosto habrá una primera audiencia de conciliación, donde se espera que sean citados representantes del gobierno y de UPM.
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