La defensa del senador Leonardo de León presentó ante el Juzgado del Crimen Organizado un escrito donde refuta los argumentos esgrimidos por la Junta de Transparencia y Ética Publica (JUTEP) sobre los gastos del legislador con las tarjetas corporativas de Alcoholes del Uruguay (ALUR).
De León cuestiona a la JUTEP y se defiende en el Juzgado que lo investiga
La defensa del senador y expresidente de ALUR sostiene que no está alcanzado por las normas de la administración pública.
El escrito de la defensa se elaboró en base a una consulta jurídica realizada al catedrático de derecho constitucional de la Universidad de la República, Santiago Pérez Irureta, según confirmó a Subrayado el abogado Gumer Pérez.
"Es claro que ALUR no es una entidad estatal, por lo que en definitiva, es claro que la actividad desarrollada por personas físicas que trabajan en forma dependiente en ALUR (como es el caso de los miembros del directorio) no puede considerarse, en ningún supuesto, como ejercicio de función pública", sostiene el escrito.
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Además el texto presentado ante Crimen Organizado contiene cuestionamientos al informe elaborado por la JUTEP ya que no tomó en cuenta que no existía una normativa para el uso de las tarjetas corporativas y tampoco una obligación de realizar reintegros.
También explican que los gastos que realizó De León no son extraordinarios porque están vinculados a pasajes, alojamientos y comidas, pagos que están relacionados con el rol que tenía.
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