Cuestionan pago de Antel de US$ 1.5 millón a Juan Andrés Ramírez

Vamos Uruguay interrogará a la presidenta del ente y al ministro de Industria. Afirman que un mal consejo del profesional determinó una pérdida de US$ 7 millones.

 

Antel pagó US$ 1.484.374 más IVA al abogado Juan Andrés Ramírez, el 10 de enero de este año,  por la defensa legal que asumió ante la demanda de los guardahilos, surgida en 2007. 

Según publica hoy Ultimas Noticias, Ramírez fue contratado ese año para intervenir en estos procesos judiciales. En 2009 el ente extendió su contrato pues se presentaron nuevas causas y acordó pagarle como honorarios US$ 200.000 más IVA hasta la conclusión de las causas. También se estableció que le pagaría el 3% del ahorro que obtuviera en cada uno de los juicios.

En julio de 2011 el profesional y ministro del Interior durante el gobierno de Lacalle, presentó una nota reclamando haberes impagos por US$ 1.900.000 más IVA. El ente no compartió el criterio del abogado a la hora de determinar el ahorro y estableció que la suma adeudada era de US$ 1.484.374 más IVA.

El pago se hizo efectivo el 10 de enero de este año en una "resolución reservada", según afirma el sector Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry. Los legisladores cuestionan que no se utilizaran abogados propios y aseguran que un consejo del profesional ocasionó una pérdida de US$ 7 millones a la empresa, según consigna el matutino.

Se refieren al pago que hizo Antel en el año 2010 a un grupo de 154 guardahilos. Según los legisladores, Ramírez recomendó a Antel llegar a un acuerdo con los demandantes antes de que la Suprema Corte de Justicia se expidiera. Finalmente el ente pagó ese monto ante el peligro de enfrentar una demanda por US$ 110 millones. 

Dos días después la SCJ falló a favor de Antel.

Los legisladores cuestionarán a la presidenta de Antel, Carolina Cosse, y al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, cuando se presenten en la Comisión de Industria de Diputados.     

GUARDAHILOS. Los trabajadores tenían un contrato de un año con Antel que iban renovando y por el cual mantenían el 80% de las líneas del interior del país. Ante un llamado de Antel para curbir cargos, reclamaron que se los contratara como empleados del ente, argumentando que llevaban más de 30 años en esa función, lo que dio origen al conflicto.

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