Choque entre Asamblea Uruguay y MPP por salidas de reclusos

El diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Orrico, dijo que votaba a favor por “disciplina” partidaria, pero destacó que estña en contra, y en consecuencia argumentó en ese sentido.

El artículo 118 dice que las salidas transitorias de los reclusos para trabajar deberán ser autorizadas por jerarcas carcelarios (Ministerio del Interior) previo informe de los servicios que analizan la conducta de los internos en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Hasta ahora las salidas transitorias para trabajar las resuelve un juez, pero eso cambiará. El diputado Orrico dijo que este cambio “está mal”.

“En nuestro concepto (habló en nombre de Asamblea Uruguay) quien tiene que decidir sobre la salida transitoria es únicamente el Poder Judicial”, dijo el legislador que integra el sector liderado por el vicepresidente Danilo Astori.

“Por disciplina lo vamos a votar pero esperamos que en el Senado se cambie. No puede el administrador (Ministerio del Interior) resolver la salida transitoria de un recluso”.

“Lo vamos a votar pero advertimos que presentamos propuestas y así como está no nos gusta y esperamos que en el Senado se cambie”, insistió Orrico.

POLÉMICA. El diputado Alejandro Sánchez, del MPP, salió al cruce de lo que dijo Orrico y se mostró sorprendido. Aseguró que recién en ese momento su sector se enteraba de que Asamblea Uruguay estaba en contra de este cambio en las salidas transitorias.

“Debe ser un problema de mi bancada pero yo me entero hoy de la posición de Asamblea Uruguay. No se había planteado así antes”, apuntó Sánchez.

“El día que los legisladores del gobierno votemos solo lo que nos gusta, nos quedaremos sin gobierno”, agregó, visiblemente molesto por la argumentación del diputado de Asamblea Uruguay.

Sánchez cuestionó la idoneidad del Poder Judicial para resolver cuándo un recluso está rehabilitado al momento de argumentar a favor del cambio que solicitó el ministro Bonomi.

“Cuando se viola la ley, el derecho, interviene la Justicia, conforme a hechos objetivos. ¿Pero la Justicia está preparada para discutir sobre los procesos de rehabilitación? ¿Puede decidir sobre la rehabilitación de una persona?”, dijo Sánchez.

Tras las diferencias expuestas entre Asamblea Uruguay y el MPP, otros diputados y sectores del Frente Amplio apoyaron a Orrico. En ese sentido habló el diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Darío Pérez (Liga Federal Frenteamplista). Ambos legisladores dijeron que coincidían con la argumentación del diputado de Asambela Uruguay, lo que dividió aún más la bancada oficialista en este tema.

La diputada Daisy Tourné (Partido Socialista) también dijo que está en contra de este artículo 118 (prupuesto por el Ministerio del Interior), aunque aseguró que lo vota "sin problemas".

Por su parte, el diputado Carlos Gamou (CAP-L), pareció aludir a su compañero Sánchez (MPP) cuando dijo que unos hablan recién cuando lo que dice otro le “duele”.

“Cuando hay una reacción que me duele, hablo”, dijo, de forma irónica, Gamou.

Por las dudas, Felipe Michelini y Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) destacaron que no está en duda el apoyo de estos sectores y de toda la bancada al ministro Bonomi.

OPOSICIÓN. La oposición también está en contra de esta nueva potestad solicitada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

“Esto es volver a un decreto ley de la dictadura, de 1975, cuando se le dio potestad a la autoridad carcelaria para otorgar salidas transitorias”, dijo el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional.

“Es un gravísmo error. Un gobierno que en políticas de seguridad pública se aleja de lo que piden los uruguayos”, agregó el legislador, quien recordó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal, se manifestó en contra de este artículo cuando visitó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputaos.

Por su parte, el diputado Jorge Gandini, también del Partido Nacional, advirtió que esta modificación en el régimen de salidas transitorias “afecta la separación de poderes”, y “afecta los derechos humanos” de los reclusos, por lo que pidió la intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el nuevo órgano que reporta al Parlamento.