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Caso de presunta corrupción en UTE genera suspensión de contratos
El escrache mediático a un exjerarca genera malestar en la izquierda. No se cumplió con la investigación administrativa. La denuncia fue a la justicia penal sin escalas
La investigación por presuntos casos de corrupción en UTE generó un serie de consecuencias administrativas y políticas que tensan las relaciones dentro del gobierno.
La denuncia judicial presentada en abril por el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla dejó sospechas de sobrefacturación, pago por trabajos no realizados y al menos seis licitaciones en la mira.
Por más que Casaravilla salió a explicar que la investigación no es contra personas e instituciones, uno de los jerarcas más expuestos es el exvicepresidente de UTE, Pedro de Aurrecochea, hoy gerente general de Gas Sayago, empresa cuyos socios son el ente eléctrico y Ancap.
Aurrecochea está en la mira en su doble condición de exjerarca de UTE y accionista de Ciemsa, empresa que ganó una polémica licitación en 2011 por 7 millones de dólares para el mantenimiento de centrales térmicas.
Más allá de los apoyos que vienen recibiendo Aurrecochea, ante lo que él considera un "escrache mediático", las sospechas del caso exceden la confianza que el propio Casaravilla le había planteado telefónicamente antes de que la denuncia saliera a luz la semana pasada. Según el indagado, el actual presidente de UTE le pidió que, más allá de la denuncia, no diera el paso al costado y permaneciera en su actual cargo.
Sin embargo los hechos dicen otra cosa. De hecho, Ancap decidió el martes suspender el contrato de Gas Sayago con CSI Ingenieros, empresa vinculada al mismo grupo del cual el exvicepresidente es accionista.
Aurrecochea dijo, en su defensa, que la licitación sospechada de corrupción se aprobó en julio de 2011, cuando él ya no estaba en el directorio de UTE. Sin embargo, El País publicó que tanto esa como otras licitaciones que están bajo sospecha fueron preparadas en el período 2006-2010, cuando el funcionario era directivo de la empresa estatal.
La denuncia no sólo apunta a él, sino también a algunos gerentes y a sus vínculos con el sector privado.
Pero el extremo perfil alto puso al empresario en una situación política complicada. Aurrecochea tiene 4% del paquete accionario de Ciemsa, segpun sus propias palabras. Allí trabajó entre 1982 y 2005.
DENUNCIA APRESURADA. La difusión pública de los negocios pasibles de sospecha han tomado ramificaciones insospechadas.
Hoy los semanarios Brecha y Búsqueda abordan el tema con distintos enfoques pero con información coincidente.
Una de las coincidencias es que dentro de UTE hay conciencia que la denuncia "fue apresurada" y que no se agotaron todas las instancias administrativas antes de llegar a la justicia penal. Brecha apunta que hay un sólo testigo calificado que no convenció a la fiscal y a la jueza de Crimen Organizado. Muchas de sus informaciones -que revelaron una red de licitaciones con denominadores comunes- no pasaron de ser "conjeturas", dijo el informe de Brecha.
El funcionario -que pidió ir a declarar junto a su padre- apuntó al gerente de generación térmica de UTE, Tacuabé Cabrera. Su hermano, Arandú, era la "cara visible" de Ciemsa, y falleció en febrero en un accidente de tránsito en Punta del Este, según Búsqueda.
Uno de los puntos flojos de la actual administración de UTE es que el departamento jurídico de la empresa pública no investigó el caso y la denuncia fue directamente a la justicia.
Búsqueda informa que el directorio contrató a un abogado externo, Gonzalo Richino, ex jerarca de la Intendencia, para llevar a cabo el informe.
El directorio de UTE aprobó la obra en cuestión en junio, aunque el presidente Casaravilla no informó en su momento de la denuncia penal, lo cual constituye al menos una "incogruencia", informó El Observador. El jerarca recién informó de la situación en una reunión de directorio el 10 de setiembre, agrega Búsqueda.
LOS SERVICIOS DE AREÁN. De todos modos, hay datos llamativos que muestran cómo opera el sector privado en las licitaciones públicas. Brecha narra la gestiones del ejecutivo Mario Areán, ex secretario de Mariano Arana en la Intendencia, para la empresa de ingeniería CSI, una habitual proveedora de UTE vinculada también al grupo Ciemsa.
Mientras intentaba ganar la licitación de las centrales térmicas, Ciemsa-CSI no se quedó tranquila.
Areán llamó por teléfono a uno de los directores de la empresa Tecnosyl, actual concesionaria de la tarea, que impugnó la oferta ganadora.
Brecha narra las circunstancias en que el ex secretario de Arana se "apersonó" a uno de los directores de la firma, quien estaba a punto de tomar un avión. Le dijo que debería abandonar la impugnación y se refirió a eventuales "beneficios mutuos". Ante la justicia, Areán desmintió que haya proferido amenazas al directivo de la empresa competidora y dijo que en realidad había ido a ofrecer "sus servicios" a Tecnosyl.
Comentó que no tenía relación alguna con CSI Ingenieros, pese a que luego se comprobó que tiene un despacho en esa empresa y entregó tarjetas corporativas con su nombre.
FOTO: Pedro de Aurrecochea en 2006, junto al entonces presidente de UTE, Beno Ruchansky, y el director Gerardo Rey
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