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Cabildo Abierto renuncia a su plan de reinstaurar la "ley de Caducidad"

Tras nuevos procesamientos a militares y policías por delitos en dictadura, el grupo liderado por Guido Manini entiende que "la ley no iba a modificar la dirección de la Justicia". Ya no tiene sentido impulsarla.

El diario El País aborda este lunes un asunto que Cabildo Abierto quiso poner en agenda de la coalición multicolor: una nueva vigencia para la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado del año 1986.

Cinco meses después de iniciado el gobierno y tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el sector sintió que era el momento de plantear este tema. Ya por entonces habían resurgido con fuerza nuevos procesamientos a militares y policías por delitos ocurridos en la dictadura.

Ya desde la Administración Vázquez, siendo comandante en jefe, Manini se había mostrado contrariado por algunos de esos procesamientos por hechos ocurridos hace más de 40 años, en particular por algunos casos de abuso de poder en los que no medió la tortura y que protagonizaron suboficiales o militares de rango inferior.

Estos procesamientos continuaron a lo largo de los meses, al punto que en el lapso que lleva el gobierno de Luis Lacalle Pou ha habido -según la evaluación que hace CA- más condenas que en todos los gobiernos del Frente Amplio.

Desde el principio, el Partido Nacional dio la pista a Cabildo Abierto de que no iba a apoyar su iniciativa.

La primera razón -dijeron fuentes parlamentarias- es porque no la encontraron "viable" para cambiar la línea de trabajo de los jueces.

Señalaron que la magistratura se guía por la "jurisprudencia internacional", como la dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar que en 2011 un fallo de esa corte iniciada por el Caso Gelman condenó a Uruguay a investigar todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período 1973-1984.

Posteriormente Cabildo Abierto hizo sus propias consultas jurídicas y concluyó que lo mejor era no impulsar la Ley de Caducidad.

Según informa El País, el proyecto de Manini Ríos -firmado también por los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano- no era solo derogar la ley 18.831, votada en 2011 por legisladores del Frente Amplio, que había declarado la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la última dictadura militar y restablecido “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado”.

Cabildo Abierto tenía expectativa de aprobar además otros seis artículos, que declaraban, entre otras cosas, que el Derecho Penal solo podía nutrirse de “disposiciones constitucionales” y que ya había agotado su “función retributiva, restauradora y de prevención, en el marco de la llamada justicia transicional”, además de mantener plazos de prescripción de los crímenes.

El 31 de julio de 2020, cuando anunció por primera vez su intención de presentar el proyecto, Manini Ríos se refirió a la Ley de Caducidad como la única de las “casi 20 mil leyes” del Estado que fue ratificada en las urnas en dos oportunidades, pero que “un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría exigua (...) se derogó”

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