Bolivia responde a la UE que aún se investiga "ruptura del orden constitucional" en 2019

El gobierno boliviano dijo este jueves a la Unión Europea (UE) que una investigación en curso determinará las responsabilidades locales e internacionales en lo que califica como una ruptura "del orden constitucional" en 2019, luego que Bruselas negara participación en esos hechos.

El gobierno boliviano dijo este jueves a la Unión Europea (UE) que una investigación en curso determinará las responsabilidades locales e internacionales en lo que califica como una ruptura "del orden constitucional" en 2019, luego que Bruselas negara participación en esos hechos.

La cancillería boliviana señaló en un comunicado que "esos hechos se encuentran en proceso de investigación por las autoridades competentes, lo que permitirá identificar el grado de responsabilidad de los actores nacionales e internacionales que hubiesen participado".

La UE dijo desde Bruselas, en otro comunicado, que rechazaba "firmemente" la reciente acusación formulada por el presidente Luis Arce contra el exembajador de la UE en Bolivia León de la Torre de haber participado en un golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales (2006-2019) en 2019.

Arce, su gobierno y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), mantienen que ese año se produjo una ruptura constitucional protagonizada por militares, policías y políticos de derecha.

El golpe -según el oficialismo- contó con el apoyo de la UE, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Iglesia católica y los gobiernos del argentino Mauricio Macri y del ecuatoriano Lenin Moreno.

Arce volvió a afirmarlo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU),en Nueva York, la semana pasada.

La Paz acotó que "comparte" la visión de la Unión Europea respecto a construir una relación sólida, basada en "el respeto mutuo, la complementariedad, la solidaridad y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados".

A fines de 2019 se produjo una fuerte convulsión social en Bolivia, cuando la oposición afirmó que en las elecciones generales de ese año hubo fraude.

Morales renunció tras manifestaciones opositoras y movilizaciones de la policía y el ejército y se exilió primero en México y luego en Argentina.

La violencia social que se desató en esos días se saldó con 37 muertos, según una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El grupo de investigación de la CIDH concluyó que fuerzas militares y policiales cometieron masacres contra civiles, incluyendo "ejecuciones sumarias".

La expresidenta de derecha Jeanine Áñez, sucesora de Morales (2019-2020), está detenida por esos hechos desde hace más de seis meses. El Tribunal Supremo de Justicia envió al Parlamento una acusación contra ella por genocidio.

jac/dg

FUENTE: AFP

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