La Asociación de Residenciales del Adulto Mayor (Aderama) busca consensos a nivel político para reformar el sistema de habilitación y sostenibilidad de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem).
Asociación de Residenciales propone que haya habilitaciones graduales y bajar el IVA y el costo de servicios
Los residenciales solicitan que se les aplique una tasa de IVA de 10%, así como un tarifario de servicios públicos como hogares familiares y no como empresas.
"La habilitación actual es muy rústica: está habilitado o no está habilitado", afirmó el presidente de Aderema, Gustavo Díaz. De un universo de 1.500 a 1.600 residenciales solo 212 están habilitados, después de diez años de existencia del decreto regulatorio.
Aderama propone una habilitación gradual y que se informe a la población del tipo de habilitación que cuenta cada centro. Díaz también planteó el costo de los residenciales debido a la carga impositiva. Como servicio de salud, debería tributar el 10% de IVA, pero pagan la tasa general de 22% como cualquier comercio, dijo.
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Además, reclaman que pagan los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento como comercio, y no con tasas residenciales, teniendo en cuenta que en esos domicilios viven los adultos mayores, como en sus casas.
Díaz sostuvo que con esas propuestas bajarían globalmente el precio de los residenciales.
RESIDENCIAL
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reubicó en diferentes establecimientos a doce personas mayores que vivían en el hogar clandestino del barrio La Unión.
A mediados del mes de julio, la Policía intervino en el hogar irregular, ubicado en la intersección de las calles Mateo Cabral y Comercio, donde varias personas mayores se encontraban hacinadas y en un contexto insalubre.
Los ancianos estaban distribuidos en espacios reducidos y sin las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas para este tipo de centros asistenciales.
El inmueble no contaba con ningún tipo de cartelería identificatoria ni habilitaciones visibles en su fachada.
La propietaria del lugar reconoció que el establecimiento funcionaba de manera irregular y tanto ella como otra mujer vinculada al negocio fueron imputadas.
Esto motivó la visita de autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos que expresaron su preocupación y llamaron a que "se esclarezcan los hechos" para determinar "responsabilidades" y "garantizar la atención integral y la protección de las personas afectadas y sus familias".
El Mides activó sus protocolos de emergencia y algunos de los adultos mayores fueron asistidos por sus familias y otros se mantuvieron en este lugar al cuidado de personal de la ONG Solidaridad en Acción, contratada por el Mides para esta tarea.
Con el pasar de los días las 12 personas mayores que aún permanecían allí fueron reubicadas en diferentes establecimientos que tienen convenio con Mides.
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