Aprobaron ley que penaliza tenencia y venta irregular de armas

Levantaron la mano los diputados del Frente Amplio y del Partido Independiente, y algunos del Partido Nacional.

El diputado Javier García propuso un aditivo para que en casos de delitos cometidos con violencia, y en especial violencia doméstica, se incaute de forma inmediata el arma al agresor, aún cuando la tenga debidamente registrada. Ese aditivo también fue aprobado con los votos del Frente Amplio, el Partido Independiente y algunos legisladores del Partido Nacional.

Según la diputada socialista Daisy Tourné, en Uruguay hay 584.110 armas registradas, de las cuáles solo el 8,35% están en manos de policías y militares, lo que indica la “inmensa cantidad” de armas que están en poder de civiles, destacó la ex ministra del Interior durante el gobierno de Tabaré Vázquez.

Según estimaciones, es mayor aún la cantidad de armas sin registrar en poder de civiles, lo que con este proyecto de ley se intenta revertir.

El proyecto sufrió modificaciones, por lo que volverá a ser considerado en el Senado en la próxima sesión.

La modificación más importante que introdujeron los diputados fue bajar la pena mínima de todos los delitos comprendidos en la ley, para que la pena sea excarcelable. De esta forma, explicó Tourné, los jueces tendrán la libertad de procesar con o sin prisión, dependiendo de la gravedad del delito.

No es lo mismo, explicaron en sala, tener un arma sin registrar y no usarla, a ser un traficante de armas o un delincuente que es detenido con un revólver o una pistola. Por eso la posibilidad de que los jueces evalúen la gravedad del delito cometido y allí decidan si merece pena de cárcel o no.

CONTENIDO. La iniciativa prohíbe “la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos, según corresponda”, dice el artículo 1º del proyecto.

Las armas que no estén registradas serán incautadas. Quienes se dediquen a la comercialización de armas deberán tener una autorización especial del Poder Ejecutivo y deberán informas de todas las transacciones que realicen.

Además, deberán identificar en la factura al comprador con el nombre, documento de identidad y la dirección donde vive. También para qué compró el arma.

El proyecto establece que la compraventa de armas entre particulares estará permitida, pero debe inscribirse la misma en el Registro Nacional de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.

Habrá 12 meses de plazo para que quienes tienen armas sin registro ni permiso regularicen su situación. El mismo plazo correrá para quienes quieran devolver sus armas, y en este caso no se exigirá una justificación de procedencia. Es decir, la podrán devolver y no le pedirán explicaciones. Durante estos primeros 12 meses no habrá sanciones para quienes regularicen la tenencia de armas o para quienes las devuelvan.

El tráfico de armas también estará penado. “El que importare, exportare, adquiriere, vendiere, entregare, distribuyere, trasladare o transfiriere armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o a través del territorio nacional a otro Estado sin obtener previamente la autorización de todos los Estados concernidos, será castigado con doce meses a doce años de penitenciaría”, dice la ley.

Si el delito lo comete alguien que integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio.

La ley también establece multas de entre 10 y 1.000 Unidades Reajustables y se sancionará a quien altere las armas para hacerlas más dañinas y quien borre el código de referencia y los signos que la identifican. La pena irá de tres a dieciocho meses de prisión. La misma pena recaerá en quien lleve armas de fuego en lugares públicos sin la debida autorización.