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Aldea de la Bondad: ministra Arismendi asumió responsabilidad por traslados

Fue convocada al Parlamento por el Partido Nacional. Cuatro personas fallecieron tras llegar a Montevideo desde la ONG de Salto.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, asumió la responsabilidad del gobierno por la decisión del traslado de los pacientes de la ONG Aldea de la Bondad, en Salto, que provocó la muerte de cuatro personas con discapacidad.

Después de que las autoridades del INAU, el Ministerio de Salud Pública, ASSE y de la ONG pasaran por la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, la convocatoria cerró este miércoles con la comparecencia de la ministra Arismendi.

La secretaria de estado asumió la responsabilidad por el traslado de los pacientes hacia otras instituciones y dijo que la decisión se había tomado porque el gobierno pretende cambiar el modelo de atención para personas con discapacidad.

Aclaró que lo que se pretende es dejar de lado el régimen de asilo. Arismendi aseguró que la atención que recibían los pacientes en la ONG no se ajustaba al nuevo modelo.

En el local de Aldea de la Bondad había 91 personas viviendo. La mayoría eran adultos con parálisis cerebral. En los 10 días posteriores a su traslado a fines del año pasado, murieron cuatro de ellos, tres mujeres y un hombre, en Montevideo.

CONTRADICCIONES. La diputada nacionalista, Gloria Rodríguez, quien convocó a Arismendi al Parlamento, consideró que hay muchas contradicciones, aunque valoró positivamente que la ministra asumiera la responsabilidad por los traslados de pacientes.

CAPACITACIÓN. La diputada frenteamplista, Bertha Sanseverino, consideró que el gobierno tiene que estar más atento a la selección y capacitación de las asociaciones civiles que hacen convenio con el Poder Ejecutivo para trabajar con los grupos más vulnerables.

La legisladora oficialista, que además es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, se mostró muy preocupada y reclamó más compromiso de las ONG y la necesidad de mayores controles.

De lo contrario, según Sanseverino, el Estado corre el riesgo de incumplir con su deber de proteger los derechos de los más vulnerables.

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