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Absuelven a los enfermeros acusados de matar a pacientes

La justicia penal decidió que no hay pruebas. Dos de ellos tenían condenas a 14 y 16 años. La tercera inculpada, una mujer, estaba en libertad

 

La jueza penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, absolvió a los tres enfermeros -dos hombres y una mujer- por las muertes de 14 pacientes en la Asociación Española y el Hospital Maciel. El caso tuvo lugar en marzo de 2012.

Sánchez no encontró mérito ni pruebas para confirmar el procesamiento de primera instancia a 16 y 14 años para los enfermeros Marcelo Pereira y Ariel Acevedo. En la causa fue imputada una tercera persona, funcionaria de la mutualista. Fueron liberados.

La mujer estaba procesada por "encubrimiento" ya tenía libertad provisional, no así Pereira y Acevedo. Según se informó a Subrayado, la fiscal Mónica Ferrero apelará la causa.

El proceso de primera instancia había sido llevado a cabo por el juez Gilberto Rodríguez.

Este es el documento librado por la jueza Sanchez este jueves.

 

EXTRACTOS DE LA SENTENCIA JUDICIAL (fragmentos textuales)

En definitiva del análisis de la prueba testimonial se nota dos grupos: uno a favor de los encausados y otros en contra, con un denominador común: NADIE LOS VIO HACER NADA A NINGUN PACIENTE. Quienes sospechan hablan de rumores, de aumentos de tasas de mortalidad en el Centro del Maciel que no fueron tales finalmente. Nadie escucho de los propios encausados que provocaran muerte a los pacientes. Los medicamentos incautados a Pereira, dicen ambas instituciones que no les pertenecen a ellos porque no han tenido bajas significativas y que es difícil que seas hurtados por el protocolo que a los efectos se lleva. Y agregan que pueden ser comprados en cualquier farmacia, Pereira y su esposa dicen que les fue indicado por alguna dolencia puntual.

El inicio de la investigación se debió a la sospecha de una enfermera de que la tasa de mortalidad del Centro del Hospital Maciel se había disparado y que todos los rumores lo sindicaban a P. como responsable ( porque había escuchado de alguien que lo hacía también en la Institución privada, venia con esa fama) lo puso en conocimiento de la Nurse , esta a su vez al Jefe del Centro y al Director del Hospital, quienes iniciaron una Investigación que no arrojó resultados significativos y que tampoco obtuvo pruebas de la responsabilidad de P. como para denunciar, eran sospechas infundadas dijo el Director.

Ya afirmemos que sea fama o rumor ( para mi solo un rumor) lo que surgió del Hospital Maciel y que se le imputaron a P., los testimonios examinados al respecto solo prueban eso: el rumor o la fama no el hecho en si mismo. Nadie los vio efectuar ningún procedimiento inusual, ni dar muerte a paciente alguno, ni en el Hospital Maciel ni en la Asociación Española se noto aumento significativo de muertes en los CTI donde estos trabajaban.

Los decesos a pesar de que para alguno de estos testigos no eran esperables, se contradice con las conclusiones de la Junta Médica en la que subraya QUE TODAS LAS MUERTES ERAN LAS ESPERABLES AL ESTADO CRITICO DE LOS ENFERMOS, HABIENDOSELES AVISADO EN VARIOS CASOS A LA FAMILIA QUE EL DECESO A CORTO PLAZO ERA IRREVERSIBLE. A ningún médico durante ese tiempo le llamo la atención ninguno de los fallecimientos, y solo se inicio investigación en el Hospital Maciel a instancia de la Enfermera y la Nurse que como vimos no llevo a corroborar las sospechas.

GRADOS DE LA CONVICCIÓN JUDICIAL. Estas son la certeza, la probabilidad y la duda. La certeza se caracteriza es la plena convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho incriminado y de la participación o no del imputado en su producción. La probabilidad es una suficiente aproximación a ese estado, que excede una mera posibilidad. La duda, cuando el juez, frente a la ausencia o insuficiencia de prueba, no se encuentra en condiciones de formular un juicio de certeza ni de probabilidad, positivo o negativo, acerca de los mencionados extremos. Al momento de dictarse la Sentencia, el estado de inocencia de que goza el imputado sólo puede destruirse mediante una sentencia condenatoria cuyo dictado requiere la certeza positiva respecto de la totalidad de los elementos descriptos en la imputación.

Ello implica, por lo tanto, la plena convicción acerca de la existencia del hecho y de la culpabilidad del imputado, debiendo aquél lograrse a través de la valoración de las pruebas regularmente producidas en la causa y de modo tal que la conclusión a que se arribe supere no sólo toda duda razonable acerca de tales extremos, sino también la mera probabilidad sobre su existencia . Frente a estas dos contingencias no cabe otra solución como no sea el pronunciamiento de una sentencia absolutoria: in dubio pro reo ( Lino Palacio.

La Prueba en el Proceso Penal, pags. 17 y ss). A la luz de estas enseñanzas, no nos cansamos de afirmar que la prueba diligenciada, examinada racional y legalmente, de forma individual y en su conjunto conforme lo que ya analizaramos ut- supra, no permite llegar al grado de certeza necesaria de que los encausados P. y A. hayan efectuado maniobras sobre los pacientes institucionalizados en las Unidades en las que trabajan, ni mucho menos haber pretendido dar muerte a dichos pacientes. No habiéndose logrado la certeza sobre la existencia de los hechos que se les incriminan , y de la culpabilidad de los encausados, se impone la absolución de todos y de A. sin perjuicio de no existir certeza del encubrimiento, al no existir delito precedente por si sólo ya debe ser absuelta por esa sola condición.

Se necesita más que una sospecha para condenar, se necesita más que una probabilidad, se necesita la certeza de la existencia del hecho delictivo y de la culpabilidad del o de los encausados, la condena sólo será legítima cuando las pruebas la hagan inevitable, cuando no haya más remedio. Aún cuando el MP ( dueño de la persecución penal ) haya hecho el máximo de los esfuerzos para procurar pruebas de cargo, ni el delito ni la culpabilidad pudo ser acreditada, los imputados han de ser absueltos, tal extremo reconoce fundamento en el hecho de que siendo función de las parte acusadora destruir, a través de la prueba, el estado de inocencia que ampara al imputado el fracaso de tal función no puede traducirse en perjuicio de éste sino en el mantenimiento de ese estado.

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