LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN

Abogados penalistas advierten que habrá más juicios orales y saturación de cárceles

El encuentro entre el futuro ministro del Interior y el Fiscal de Corte dejó en evidencia que habrá mucho trabajo para la Policía y la justicia.

La "inflación de juicios" y la "saturación" de las cárceles preocupan al sistema de justicia a partir de los cambios que propone el gobierno electo.

Brecha y El País dedican este viernes sendos informes sobre cómo impactarán algunas medidas contenidas en el anteproyecto que el presidente electo Lacalle Pou puso a discusión y pretende aprobar en las primeras semanas de gobierno.

Abogados penalistas como Diego Camaño y Juan Fagúndez advierten que ciertas restricciones, derogaciones y recortes a instituciones del nuevo CPP traerán como consecuencia mayor prisionalización y más problemas de funcionamiento a las fiscalías.

En particular, preocupa la restricción de los juicios abreviados porque -dicen los expertos- va a dejar afueras a las rapiñas. Unos 1.500 procesos abreviados van a pasar a ser objeto de investigación y juicios orales.

Estos temas sobrevolaron la reunión ocurrida en la víspera entre el fiscal de Corte Jorge Díaz y el futuro ministro del Interior. El encuentro se realizó este jueves de tarde en la sede del Ministerio Público.

Diaz fue el impulsor del Código del Proceso Penal de 2017 y Larrañaga la cara visible de los cambios que propone el gobierno electo.

FISCAL LEY

El encuentro fue protocolar, pero quedó claro que ambos jerarcas tienen muchos desafíos por delante.

Díaz habló después de la reunión y fue cauto. Apenas esbozó su reparo al proyecto de crear un delito para aquellos que rompan tobilleras electrónicas, y mencionó al respècto que ya existe el delito de desacato y de daño especialmente agravado.

"Ya es delito hoy, la creación de una tipificación específica para este delito es un tema de resorte legislativo, de todas maneras, no leí el artículo que crea este delito. Lo analizaremos", dijo el fiscal de Corte, quien reconoció que ha habido demoras en este tipo de imputaciones, algo que el nuevo delito planea reparar de algún modo.

"Fiscalía va a hacer un análisis jurídico del proyecto de ley de urgente consideración", señaló. "Haremos un análisis sobre todo de las consecuencias que eso implica, y del impacto que tiene en la Fiscalía y en la carga de trabajo de los fiscales".

Los penalistas anticipan que habrá debate.

A las medidas que favorecen la defensa propia y quita restricciones al accionar policial, los especialistas señalan que el nuevo escenario habilita a un primer interrogatorio sin abogados presentes y establece el uso de la facultad del juicio abreviado solo para delitos con penas menores a 3 años.

El nuevo Código del Proceso Penal (CPP), lanzado en 2017, buscaba con el instituto del juicio abreviado acelerar los plazos judiciales y ahorrarle al Estado tiempo y dinero derivados de investigación y consecución de pruebas.

A cambio, el detenido admite el delito y esto permite un alivio de la pena a cumplir.

Otro aspecto es que se recortan las libertades vigiladas y otros instrumentos para evitar la alta prisionalización de Uruguay. A fines de 2019, había 11.600 personas privadas de libertad.

"Van a tener que construir muchas cárceles porque se van a saturar", opinó el penalista Diego Camaño. para quien los planteos del gobierno electo privarán de herramientas fundamentales para mejorar la efectividad de las fiscalías.

Ya de por si, desde el inicio del nuevo CPP, muchos fiscales advirtieron sobre la saturación en ciertas áreas. En su momento, se mencionó el caso del fiscal de homicidios Juan Gómez, que al principio de la nueva gestión tenía más de 500 casos en carpeta.

Su colega Juan Fagúndez dijo que los cambios que propone el gobierno electo van a "detonar" el sistema de justicia.

Actualmente un 90% de los juicios en Uruguay se resuelve por el instituto del juicio abreviado. Actualmente está vedado a delitos de más de 6 años de pena.

La futura administración quiere llevarlo a delitos de menos de tres años de penitenciaría o con pena no privativa de libertad.

La restricción que se pide surge de una crítica: por obtener condenas exprés y agilizar el sistema, los fiscales piden penas leves para delitos graves,

Hay que señalar que delitos como homicidios y copamientos están ya fuera del radar de los procesos abreviados. No así la rapiña, es decir el robo con violencia, que de esta manera ya no podrá ser parte de este instrumentos.

Según Brecha, se realzan 1.500 procesos anuales por rapìña, que deberán tramitarse sí o si a través del juicio oral.

Este hecho es el que los abogados penalistas señalan que es el principal peligro para un sistema judicial que no tiene recursos ni personal adecuado.

A ello hay que sumarle la intención de aprobar restricciones a la libertad vigilada

El sistema -explica Brecha- se aplica a personas con penas de hasta 5 años de prisión. Pueden cumplir su pena en libertad, pero quedan sometidas a un plan de intervención de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, del Ministerio del Interior. Si incumplen las exigencias deben volver a la cárcel.

El gobierno electo también propone en la ley de urgente consideración derogar la suspensión condicional de proceso, un instituto reservado a delitos leves

El imputado debe asumir obligaciones como reparar el daño, someterse a tratamientos psicológicos o de desintoxicación, o realizar tareas comunitarias.

De aprobarse el nuevo escenario, los fiscales deberán investigar todos los delitos, sin excepción. Hasta ahora el fiscal tenía la posibilidad de utilizar el principio "de oportunidad" para faltas o delitos leves.

Se esgrime esta herramienta "por razones de política criminal" y busca "desjudicializar" ciertas conductas de daño social escaso. Como consecuencia se establece que el caso no amerite una persecución penal.

Este instrumento estaba vigente desde el nuevo CPP, pero ya se usaba sotto voce.

El juez recibía la denuncia, ordenaba medidas pero nunca se llegaba a investigar ni a judicializar.

Estos temas sobrevolaron la reunión entre el futuro ministro del Interior Jorge Larrañaga y el Fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Ambos se encontraron como parte de una visita protocolar de cara al desafío que la Policía y el sistema de justicia tendrán en los próximos cinco años.

REUNION FISCAL GUAPO

Dejá tu comentario