El Senado, a iniciativa de legisladores del Frente Amplio, aprobó este martes la conformación de una comisión preinvestigadora para analizar el negocio con Cardama y sus derivaciones.
A solicitud del Frente Amplio, Senado aprobó preinvestigadora por Cardama y legisladores se reúnen este miércoles
El senador blanco Sebastián Da Silva pidió la renuncia de la ministra de Defensa. Desde el oficialismo acuerdo con Cardama "puede tener consecuencias jurídicas".
Los senadores oficialistas presentaron la solicitud ante la presidenta del Senado, Carolina Cosse, que admitió y firmó la conformación de la preinvestigadora. A partir de ese momento, comenzó a regir un plazo de 48 horas para resolver si existe mérito para la instalación de una comisión investigadora.
La preinvestigadora estará integrada por los frenteamplistas Nicolás Viera y Eduardo Brenta y la nacionalista Graciela Bianchi por la oposición. Los legisladores definen el objeto de la investigación y preparan los informes correspondientes para elevarlos al plenario.
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Este miércoles a partir de las 8:30, se reunirán por primera vez y recibirán al senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, el miembro denunciante que solicitó la conformación de la comisión en calidad de informante.
El senador blanco Sebastián Da Silva fue crítico con el desarrollo del caso Cardama y pidió la renuncia de la ministra de Defensa Sandra Lazo.
Aseguró que es "una puesta en escena que le va a costar 100 millones, 200 millones a la gente".
"Es una bobada todo el argumento, es una bobada los argumentos previos, es inadmisible que la ministra Sandra Lazo siga en el cargo, con un rostro, dando cátedra de barcos de guerra, cuando le giró 20 y pico de millones de dólares, y si se lo giró porque lo tenía que girar, porque las cosas se estaban haciendo bien, es inadmisible los argumentos de Jorge Díaz. Por eso es una bobada", sostuvo Da Silva.
Sebastián Sabini, senador por el Frente Amplio, aseguró que el estado uruguayo no tiene riesgos de perder un juicio con Cardama. Además, criticó a la oposición por el contrato firmado. Además, sostuvo que la bancada del Frente Amplio "no fue consultada" por la comisión investigadora en Diputados.
"Estuvo 11 meses parado el expediente y surgió el apuro en octubre, cuando vieron que iban a perder las elecciones. Dan la orden en febrero, cuando iban a entregar el gobierno. Entonces, si hay una prueba de buena fe del gobierno uruguayo, es que se realizaron los pagos, y los que no cumplieron los hitos porque no podían cumplirlos porque era irrealizable ese contrato, porque quisieron ahorrar en algo que no se puede ahorrar, porque no hay forma, porque no hay ningún astillero del mundo capaz de hacer dos OPV por 90 millones de dólares", sostuvo Sabini.
Para el senador frenteamplista "hubo errores y faltas graves que pueden tener consecuencias jurídicas", y que faltan explicaciones sobre por qué se eligió la que el gobierno actual considera como "la peor propuesta".
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