Marcos Campero, poseedor de dos antecedentes penales, fue imputado el 22 de junio de 2023, por el fiscal de Maldonado Ignacio Montedeocar. Se le imputó un delito de secuestro, un delito de privación de libertad especialmente agravada por las amenazas y las sevicias, entre otros delitos vinculados a la misma situación.
Uno de los implicados en el caso González Bica había sido imputado por secuestro
La abogada que pidió domiciliaria para González Bica, también defendía al secuestrador y consiguió su libertad.
Todo comenzó cuando su madre fue estafada con 3.000 dólares por parte de un constructor y, entonces, Campero se propuso hacer justicia por mano propia.
Así fue que con otras dos personas fueron a buscar al constructor, lo subieron al auto y lo amenazaron con quitarle la vida. Horas después lo liberaron en la ruta, absolutamente desnudo y sin teléfono celular.
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Una semana más tarde, volvieron a contactarse con la empresa constructora, cambiando su identidad para no ser descubiertos, con el fin de reclamar los 3.000 dólares entregados por su madre.
Allí tuvieron un encuentro con una mujer y un hombre. El estafador y sus compañeros estaban armados y comenzaron a pedir el dinero.
La mujer dijo que podía contactar al constructor, dejando al otro hombre libre para que fuera a buscar el dinero reclamado.
Él hizo la denuncia y los tres hombres fueron capturados en el lugar.
El delito de secuestro está penado con entre 6 y 12 años de penitenciaría y no admite juicio abreviado. La Fiscalía solicitó en aquel entonces la prisión preventiva de 150 días, y el juez concedió. La defensa de Campero hizo referencia a una situación médica que padecería su representado, por la cual no podría cumplir la medida en un centro de reclusión. Así, pidió la sustitución por un régimen de arresto domiciliario total con monitoreo electrónico.
La abogada solicitante es la misma que logró sacar de la cárcel al narcotraficante González Bica.
La doctora Mercedes Acosta consiguió la libertad de Marcos Campero dos meses después de su reclusión. Es decir, 30 días después de que terminara la prisión preventiva y coincidentemente al mismo tiempo que comenzaron los pedidos de prisión domiciliaria para el narcotraficante González Bica.
Campero era el falsificador de documentos. Operaba desde Maldonado, su ciudad de residencia desde hace más de cinco años. Ofrecía distintos trámites como documentos apócrifos del Instituto Técnico Forense y de especialistas médicos con el propósito de obtener excarcelaciones para delincuentes que cumplían parte de una larga condena.
Cobraba sumas como de 50 mil dólares por cada documento que conseguía, fabricaba o presentaba a través de una red de abogadas penalistas que la Policía investiga tras el caso González Bica.
El falsificador se hizo pasar por médico. Atendió en un hospital de Montevideo e incluso poseía documentos que lo acreditaban como abogado.
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