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Tribunal de Apelaciones pone en jaque nuevo sistema de audiencias orales

Fiscal Viana interpuso un recurso de apelación alegando que la no transcripción de declaraciones incumple las garantías del debido proceso.

El sistema prevé la grabación de las declaraciones de los indagados, damnificados, testigos, así como de lo manifestado por la Fiscalía y la Defensa. Fue concebido como un instrumento para aplicar con mayor eficiencia económica -en términos de dinero y de plazos- el nuevo Código del Proceso Penal, que se espera comience a regir a partir de julio de 2017.

Las grabaciones de las audiencias son ingresados al sistema AUDIRE, y son accesibles para todas las partes.

La Suprema Corte de Justicia reglamentó en octubre de 2016, en la Acordada 7880, el uso del nuevo sistema, que sugiere a los magistrados en su Artículo 4 que el expediente judicial en papel, o “acta resumida”, “contenga la indicación del tipo de audiencia de que se trata, sin que ello suponga transcribir manifestaciones o alegaciones de la partes, ni declaraciones de testigos, peritos, ni demás actos cumplidos con excepción de los decretos y resoluciones”.

El Fiscal Viana interpuso un recurso de apelación en un caso llevado adelante por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Adolescentes, alegando que la aplicación de la Acordada 7880 y por tanto la no transcripción de las declaraciones vertidas en la audiencia atenta contra las garantías del debido proceso.

Una de las garantías del debido proceso consiste en la elaboración de un expediente judicial o acta resumida que dé parte por escrito de los hechos y las alegaciones de las partes, dijo a Subrayado.

Viana argumenta que la Acordada de la SCJ habilita que los actos procesales “se asienten en al menos dos ubicaciones físicas diferentes e incompatibles”.

Por un lado quedan registradas por escrito las decisiones judiciales, y por otro las declaraciones de los indagados, damnificados y testigos, que quedan recopiladas en una grabación asentada “en un soporte electrónico ajeno al expediente judicial y del cual tampoco queda copia anexada al mismo”.

Además, Viana considera que desde el momento en que el AUDIRE funciona a modo de plan piloto en algunos Juzgados, se viola el principio de igualdad ante la ley, derecho consagrado en la Constitución.

El Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno dio lugar a la apelación y definió revocar parcialmente el auto que fuera apelado por Viana.

Determinó que “el sistema impuesto por la Acordada debe operar como garantía y respaldo del registro en acta resumida, respaldo de la absoluta fidelidad de lo que acontece en la audiencia, a disposición del Tribunal para casos de controversia, duda, o simplemente para su mejor estudio. Pero no debe excluirse el soporte de un acta resumida. Porque entonces, el expediente judicial deja de ser tal y se limita a unas u otras actuaciones quedando elementos probatorios de relevancia solo recogidos en el audio”.

Ateniéndose al Código General del Proceso, dictaminan “si sólo se recoge parte de lo actuado en un audio no se estaría cumpliendo con todos los presupuestos necesario para la validez del proceso judicial, en consecuencia ello provoca la nulidad”. En función de esto, ordenan que se transcriban las declaraciones que fueron grabadas durante el proceso.

Una “Acordada” de la Suprema Corte de Justicia constituye un acto administrativo del Poder Judicial de menor jerarquía que las leyes que regulan las audiencias judiciales.

DOBLE TRABAJO. Si bien el fallo refiere a un caso puntual, es esperable que futuras apelaciones en este sentido impugnen todos los casos que fueron tratados de esta manera en los cuatro Juzgados Letrados de Primera Instancia de Adolescentes.

Los audios deberán ser transcriptos para que el proceso tenga validez, al margen de que se mantenga la grabación en el sistema AUDIRE.

JAQUE AL AUDIRE. Esto plantea un problema para el Poder Judicial, que esperaba que el AUDIRE fuera un instrumento que permitiera agilizar los procesos, especialmente las audiencias orales cuyo volumen aumentará exponencialmente cuando comience a regir el Nuevo Código del Proceso Penal en julio de 2017.

El Fiscal Viana dijo a Subrayado que el sistema AUDIRE es “casero y rudimentario”, y que es producto de los “apuros e improvisaciones que tienen que ver con el nuevo Código de Proceso Penal”.

El referido Fiscal ha sido muy crítico con el nuevo Código, considerándolo incluso inconstitucional en algunas de sus ordenanzas.

Además el magistrado recordó que existen programas de computación que permiten la transcripción simultánea de los audios que se registran mediante grabación, que serían más adecuados para el Derecho uruguayo.

 

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