Suprema Corte y Fiscalía quieren postergar nuevo Código del Proceso Penal

Ambas instituciones pretenden que el código esté vigente desde febrero de 2017, y que en principio sea aplicable en Montevideo y Canelones exclusivamente.

Según se informó, los dos principales departamentos del país son los más idóneos por recursos y previsión de impacto.

Jueces y ministerio público trabajan en comisiones para implementar su funcionamiento. El nuevo CPP introducirá el proceso oral, público y acusatorio. Las investigaciones serán guiadas por los fiscales. El objetivo es acelerar los procesos judiciales.

La necesidad de aplicar el CPP en forma progresiva obedece a la necesidad de probar algunas innovaciones. Por ejemplo, la forma en que los jueces podrán decidir la prisión preventiva. LO podrán hacer solo en casos graves y especiales.

Como contrapartida podrían generar aspectos susceptibles de inconstitucionalidad. Si se aprobara aplicar primero el código en Montevideo y Canelones, podrían darse casos de desigualdad en el tratamiento de los mismos delitos.

El Estado deberá invertir unos 40 millones de dólares en la puesta en funcionamiento del sistema, según las primeras estimaciones.