La Suprema Corte de Justicia emitió este viernes un comunicado en el que realizó una serie de precisiones en medio de la polémica entre el ministro del Interior Luis Alberto Heber y los jueces del crimen organizado.
Suprema Corte pidió informe a la jueza que concedió prisión domiciliaria a un narco que luego se fugó
La Suprema Corte de Justicia pidió a todos los jueces que revisen los casos donde otorgaron prisión domiciliaria a un delincuente condenado. En el caso del narco fugado le exigió a la jueza un informe escrito en un plazo de 72 horas.
Fachada del edificio sede de la Suprema Corte.
El pasado 5 de setiembre, la SCJ "tomó conocimiento de la fuga del narcotraficante González Bica y solicitó información a la Jueza Letrada en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Dra. María Helena Mainard y copia del expediente. Una vez analizados los antecedentes, el día 14 de setiembre, los ministros dispusieron la realización de una investigación administrativa", dice el comunicado.
"Además, por circular nº 098/2023, dispusieron que todos los jueces penales del país controlen las prisiones domiciliarias otorgadas, participando de ello a Fiscalía. También se ordenó que se informara detalladamente con plazo de 10 días al respecto", agrega el texto del Poder Judicial enviado a la prensa.
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Según esto, "la Jueza Letrada en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno Dra. Adriana Chamsarián procedió a realizar el control de las causas en las que había otorgado prisión domiciliaria, advirtiendo en esas circunstancias que el Sr. Leal Da Costa Porto no se encontraba en el domicilio que se le había fijado para el cumplimiento de la medida, librando la orden de detención correspondiente", indica el comunicado.
INFORME A LA SUPREMA CORTE
Ante esta situación, "la Suprema Corte de Justicia ordenó a la Dra. Adriana Chamsarián que informe en plazo de 72 horas respecto de lo actuado en la causa, así como copia del expediente correspondiente", agrega.
"En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en el marco de sus competencias, está investigando los hechos y la actuación de jueces y funcionarios involucrados, procurando esclarecer lo ocurrido", finaliza el comunicado.
Esto ocurre en medio de la polémica entre Heber y los jueces de Crimen Organizado por las medidas que el ministro entiende "livianas" para los narcotraficantes. Este caso se suma a otros dos que investiga la fiscal Mónica Ferrero sobre posible falsificación de partes médicos para obtener medidas alternativas a la prisión.
Uno de los casos es el del narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien rompió la tobillera y fugó luego de obtener el beneficio de arresto domiciliario por presentar documentación que indicaba que padecía una insuficiencia renal. Ese caso estuvo a cargo de la jueza María Helena Mainard.
El tercer caso que indaga Ferrero es el del narcotraficante Antony Suárez, detenido en diciembre de 2021 durante la operación Cartagena. Fue derivado a una clínica con tobillera electrónica tras presentar documentos con diagnóstico de una patología que le impedía estar en la cárcel.
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